Nueva York.- La máxima responsable de la ONU en materia de garantías fundamentales indicó que la Ley de Amnistía aprobada en Nicaragua en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. También reportó la transgresión de esas garantías en la respuesta a la pandemia de COVID-19.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó este lunes de violaciones a esas garantías en la respuesta de Nicaragua a la pandemia del coronavirus y reportó que no se han registrado progresos en la situación de las garantías fundamentes en el país desde su última actualización el pasado mes de julio. Tampoco hay indicios por parte del Ejecutivo de estar dispuesto a debatir la cuestión.
“No se han observado avances en la situación de derechos humanos ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en abril de 2018”, dijo Michelle Bachelet en una declaración oral durante la sesión de apertura del Consejo de Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Bachelet cifró en treinta el número de casos en los que se produjeron “amenazas e intimidaciones” contra defensores de los derechos humanos, informadores, estudiantes, líderes campesinos e integrantes del clero católico, desde su último informe en julio.
A estos casos, añadió otros de probables violaciones del derecho a la vida y puso como ejemplo el homicidio producido el 19 de julio en el municipio de La Trinidad, en el departamento de Estelí, cuando una persona falleció “a manos de un elemento progubernamental”.
Este hecho destaca la importancia de desarticular y desarmar a las fuerzas progubernamentales, tal y como recomendó la Alta Comisionada en su informe sobre el país centroamericano el año pasado.
Con información de la ONU
