Chile.- La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, llamó a la construcción de un pacto político, social y económico tanto a nivel nacional como regional y global, y de un contrato social justo, inclusivo y progresivo, durante la 24 Conferencia Anual de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, que se inauguró hoy de manera virtual.
La máxima representante de la CEPAL intervino en la Sesión I: La recuperación económica post COVID-19 y el futuro del contrato social en las Américas, junto a Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía y Profesor de la Universidad de Columbia; Carmen Reinhart, Vicepresidenta y Economista Jefe del Grupo del Banco Mundial; Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), y Paula Santilli, Directora Ejecutiva de PepsiCo Latinoamérica. El panel fue moderado por Luis Felipe López Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Durante su intervención, Alicia Bárcena subrayó que la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) ha revelado la fragilidad de la globalización y el multilateralismo. Precisó que se trata de una crisis sistémica tanto de oferta como de demanda, que ha evidenciado la urgencia de buscar un nuevo paradigma de desarrollo bajo la premisa de un gran impulso por la sostenibilidad económica, social y ambiental, muy en línea con la Agenda 2030.
“Necesitamos un cambio estructural progresivo. Más que hablar de reconstrucción tenemos que hablar de transformación, para elevar la productividad, con innovación, pero con la igualdad y la sostenibilidad en el centro”, afirmó.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó que estamos ante una encrucijada crítica, un momento excepcional donde se está redefiniendo lo que es posible.
“Estamos mucho más abiertos a alterar el statu quo y al cambio político. Es una oportunidad. Hoy es posible hablar seriamente de un ingreso básico, del papel central del Estado, de la importancia de un pacto político, social y económico tanto a nivel nacional como regional y global, y de un contrato social justo, inclusivo y progresivo”, subrayó.
Asimismo, resaltó la importancia de impulsar un Estado social y representativo, que no favorezca a la elite. Agregó que América Latina y el Caribe está cansada de la cultura del privilegio, por lo que debemos avanzar hacia una cultura de la igualdad.
“También debe haber rendición de cuentas para evitar que salgamos de esta crisis más endeudados, más pobres, más hambrientos y más enojados, y ese enojo social tiene que ser canalizado por un Estado representativo, que convoque a toda la sociedad a un diálogo amplio”, señaló.
Alicia Bárcena recordó que la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha magnificado las brechas estructurales en América Latina y el Caribe. Precisó que la región vivirá una contracción del 9,1% en 2020, la peor en 100 años, las exportaciones caerán -23% y la pobreza alcanzará a 230 millones de personas (45 millones más).
Unas 33 millones de personas caerán de los estratos medios a la pobreza, de tal manera que 8 de cada 10 personas en la región (490 millones) van a requerir un ingreso básico y políticas universales. La desigualdad llegará al 5% en promedio y el desempleo afectará a 44 millones de personas. Además, 2,7 millones de pequeñas y medianas empresas van a cerrar.
Añadió que 40 millones de hogares no están conectados ni tienen accesibilidad a internet de buena calidad, mientras que 32 millones de niños, niñas y adolescentes no pueden hacer teleeducación.
Destacó que la CEPAL ha propuesto varias medidas para estimular la demanda, a partir de un gran impulso ambiental y de la sostenibilidad, con infraestructura digital, mayor inversión en salud y mantener el consumo de los hogares con un ingreso básico a todas las personas en situación de pobreza, equivalente a una línea de pobreza (150 dólares al mes), complementado con un bono contra el hambre de alrededor de 47 dólares al mes.
La Comisión regional propone también una canasta básica digital con un costo promedio del 1% del PIB, y entregar subsidios y mayores plazos y períodos de gracia en los créditos a las Mipymes, así como implementar políticas redistributivas para ir hacia una protección social universal, sobre todo en salud. Para ello, expresó, la región requiere de un sistema fiscal mucho más progresivo y efectivo que elimine la evasión fiscal que corresponde al 6,1% del PIB.
La alta representante de las Naciones Unidas subrayó que los gobiernos de América Latina y el Caribe no van a poder sostener el gasto fiscal que se necesita hoy. Por ello, se requiere cooperación internacional y acuerdos multilaterales para proveer a la sociedad de bienes globales como la salud, la paz, la estabilidad financiera, la seguridad climática y la igualdad.
Finalmente, Alicia Bárcena llamó a fortalecer la integración regional, a potenciar el comercio intrarregional, que ha caído de forma estrepitosa, y a apoyar especialmente a los pequeños estados insulares del Caribe y a los países de Centroamérica.
Con información de la CEPAL
