México.- La senadora por Baja California Gina Andrea Cruz Blackledge, solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), abstenerse de hacer cobros arbitrarios a las empresas maquiladoras, así como la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), ante las amenazas de la dependencia de quitarles la certificación de comercio exterior.
La también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores acompañada por el licenciado Iván Aceves Urzua, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Aduanas del Consejo Nacional de Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index); Gerardo Tajonar Castro, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores República Mexicana (ANIERM), y Julio Rodríguez Trigueros, vicepresidente de Comercio Exterior de Canacintra, indicó que se requiere brindar certidumbre en el sector productivo, pero la autoridad fiscal, con interpretaciones discrecionales de las reglas fiscales y medidas arbitrarias sin sustento, está afectando a la industria maquiladora nacional.
Por ello, exhorto al SAT de abstenerse de realizar cobros por derechos retroactivos a empresas maquiladoras, para obligarlas a renovar la Autorización en el Esquema Integral de Certificación de Empresas en Comercio Exterior.
“Actualmente el Servicio de Administración Tributaria está pidiendo el pago retroactivo de derechos a maquiladoras para renovar su autorización en el Esquema Integral de Certificación de Empresas en comercio exterior que les permite la devolución del IVA en menos de 20 días y la inscripción inmediata en el padrón de importadores y exportadores”, señaló en conferencia de prensa virtual.
El SAT ha reiterado y amenazado que, de no pagar, las empresas perderán su registro y beneficios de certificación que lograron para no ser afectadas con la reforma fiscal de 2014, recordó.
Esto, dijo, es a todas luces es una medida que va en contra del sector productivo nacional, sobre todo en la difícil situación económica en la que se encuentra nuestro país, en donde se necesita incentivar a la industria nacional y es necesario privilegiar la creación de empleos.
Recordó que las empresas que están en este esquema no pagaban derechos por renovar su certificación y ahora el SAT quiere cobrarles de manera retroactiva e ilegal, cuotas que van desde los 24 mil 506 pesos correspondiente a 2015 hasta 29 mil 747 pesos para 2020, para las certificaciones en IVA, del IEPS, lo que va en contra de la certidumbre para el intercambio de mercancías, el negar condiciones para la inversión, la creación y no pérdidas de más empleos.
“Desde sus inicios, este trámite siempre fue gratuito y no existía el cobro de derechos para obtener los beneficios de esta certificación”, expuso.
Por su parte, Julio Rodríguez Trigueros comentó que lo que quiere el SAT es cobrarles el derecho retroactivo a 3 mil 607 empresas, de certificación de comercio exterior, por lo que han puesto más trabas a un solo sector que es el de comercio exterior.
Estas 3 mil 607 empresas, son las que llevan la mayor parte de las operaciones de comercio exterior, añadió.
Iván Aceves Urzúa comentó que, tan solo estos cobros, representan alrededor de 1 mil millones de pesos, por lo que es una medida meramente recaudatoria, además de que el sector maquilador es el más afectado por esta situación, inhibe la inversión extranjera productiva y genera incertidumbre legal.
En su momento, Gerardo Tajonar Castro indicó que a la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), espera que la baja de las exportaciones sea de alrededor del 30 por ciento, con lo que disminuye su competitividad.
Con información del PAN
