Alejandro Rodríguez Cortés*:
Esta semana iniciará en la Cámara de Diputados la discusión del paquete económico 2021, cuya complejidad radica en combinar un presupuesto de gasto muy acotado con una ley de ingresos que buscará rascar de donde se pueda para obtener recursos en medio de la peor crisis ya definida por el mismísimo Secretario de Hacienda y Crédito Público.
En contrario a lo que dice Arturo Herrera, el presidente de la República se mantiene en el ya choteado “vamos bien”, aunque sea obvio que los recursos no alcanzan ya para mantener el altísimo costo de los programas sociales de la mal llamada Cuarta Transformación, de la apuesta perdida por un Pemex quebrado y de las obras de infraestructura insignia de este gobierno.
La pregunta es cómo completar 6 billones de pesos, de los cuales mas del 80 por ciento ya están comprometidos en ineludibles pagos de pensiones, en peleadísimas transferencias presupuestales a los Estados, en cubrir el servicio -intereses, pues- de la deuda mexicana, en el muy demandante sistema de salud pública y en los barriles sin fondo que representan Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Por si esto fuera poco, la gran presión que representan para las finanzas públicas las inviables obras del Aeropuerto de Santa Lucía, de la Refinería Dos Bocas y del Tren Maya, hacen prácticamente imposible cuadrar cifras de ingresos y egresos, sobre todo si ello se quiere lograr sin emitir deuda o sin aumentar impuestos.
Ya no hay mucho de dónde recortar. La llamada austeridad republicana tiene a la Administración Pública Federal completamente desarticulada, por no decir desmantelada, y los fondos de reserva para emergencias habrán de agotarse durante este mismo año en curso.
Por si esto fuera poco, el próximo año, el de la supuesta recuperación rápida que añora Andrés Manuel López Obrador, tendrá lugar el proceso electoral más amplio, y por lo tanto costoso, en la historia de la democracia mexicana.
¿Pero cuáles son las alternativas que se han deslizado en la opinión pública previo a la discusión presupuestal legislativa?
Aunque ya hemos dicho que la promesa gubernamental es no incrementar impuestos, está viva una iniciativa para incrementar el Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) a los satanizados alimentos procesados y bebidas azucaradas, que bien merecido se lo tendrían por ser las culpables favoritas de Hugo López Gatell cuando maromea para justificar las decenas de miles de muertes por la pandemia de coronavirus.
Los morenistas piensan también que pueden obtener parte del dinero que hace falta, de los fideicomisos públicos que serían suprimidos, en cumplimiento de una orden presidencial que se tornó en regaño cuando este propósito no pudo cumplirse durante el presente ejercicio presupuestal.
También existe otra opción en la pepena de dinero que sería una carambola para además debilitar a los opositores del presidente: recortar a la mitad el gasto de los partidos políticos.
Hasta aquí, el déficit persiste, por lo que al presidente de la República no le quedó más que aceptar públicamente que espera, ansioso, el remanente de operaciones cambiarias del Banco de México, que por ley deberá reportar a la Tesorería de la Federación el próximo mes de abril de 2021.
Presupuesto apretado, pues, en un entorno económico al que le sigue y le seguirá faltando una estrategia gubernamental lógica de reactivación económica, sin la que muchas de las empresas que lograron abrir después del confinamiento, cerrarán definitivamente en los próximos meses, con las mismas consecuencias desastrosas observadas este 2020 en materia de inversión, empleo y pobreza.
Quizás por todo lo anterior Andrés Manuel López Obrador prefiere seguir hablando de consultas públicas, de juicios a expresidentes, de rifas, de sus venganzas políticas y de frutas tropicales.
Por cierto, ¿ya se dieron cuenta que dejó de hablar del caso Emilio Lozoya? De eso, ahora sí y literalmente, no ha dicho “ni Pío”.
*Periodista, comunicador y publirrelacionista
@AlexRdgz
