México.- Los grupo parlamentarios del PRD en la Cámara de Diputados y el Senado de la República construyen su agenda legislativa para el periodo ordinario que inicia el próximo 1 de septiembre, y entre sus prioridades estarían la reforma al Poder Judicial, la regulación de las fuerzas armadas y la necesidad de mejorar la formación policial.
Durante el panel “Seguridad y justicia”, como parte de la Plenaria Nacional Legislativa del PRD, el coordinador de la bancada en la Cámara Alta, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que en breve se iniciará el análisis de la reforma al Poder Judicial que implicará el modificar los artículos 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107 de la Constitución.
Explicó que el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, manifestó su preocupación porque dentro de esta se apruebe que todos los asuntos de una determinada materia sean atendidos por un solo juzgador.
“Ya de hecho sucedió así y tuvo, me parece, un efecto muy adverso con los amparos promovidos en contra de los aeropuertos de Santa Lucía y Texcoco, para efectos de que se junten todos esos asuntos en una sola autoridad jurisdiccional. Esto que aparentemente tiene un beneficio me parece que le genera una enorme presión al juez”, afirmó.
Por su parte, la diputada Mónica Bautista Rodríguez, cuestionó sobre las acciones que puede implementar el Congreso para evitar que se sigan presentando violaciones a los derechos humanos por parte de la policía o se tomen atribuciones como el realizar detenciones o revisiones sin fundamento alguno.
Al respecto, el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous, respondió que se debe privilegiar la formación policial en dos rubros: “mejorar las condiciones con buenos sueldos, buen equipo, prestaciones, para que la gente tenga orgullo de pertenecer a las corporaciones policiacas y segundo, exigir una mejor formación.
“En efecto, puede haber una universidad policiaca, yo creo que la policía no puede ser uniformada por todo el país, tiene que ser muy local”, señaló.
Durante su intervención, el diputado Antonio Ortega Martínez pidió al ministro en retiro, José Ramón Cossio, su opinión sobre los videos difundidos en medios de comunicación respecto de presuntos actos de corrupción, a lo que respondió que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente puede tener valor probatorio aquello que se desahogue en audiencia.
“Me temo que ese tipo de justicias populares, y lo hemos visto históricamente en muchísimos países del mundo, acaban generando una enorme impunidad porque al final se descarrilan, se ensucian, se ‘chotean’ los procesos y no acaban por llegar a sancionar a aquél que llego a ser legitima o justamente o jurídicamente sancionado”, dijo.
Por su parte, Cristina Reyes Ortiz, de México Unido Contra la Delincuencia señaló que el país atraviesa por una profunda crisis en materia de justicia, pues “se ha optado por promover medidas punitivas o de ‘mano dura’, en vez de apostarle el diseño e implementación de políticas públicas que atienden a los grupos en situación de riesgo y los factores que generan la violencia.
Así como acciones para reducir la impunidad y mejorar las capacidades institucionales de los sistemas de seguridad y justicia.
Con información de la Cámara de Diputados
