Francisco Garfias.
Al convertirse en promotor, desde la mañanera, de enjuiciar penalmente a los ex presidentes, AMLO se decanta por el peligroso camino de la persecución, la división, la Ley del Talión. Se convierte en verdugo de sus predecesores, bajo disfraz de que “el pueblo manda”.
No hace falta un sesudo análisis para adelantar el resultado de una consulta de ese tipo al pueblo bueno: a favor del juicio vs Peña, Calderón, Salinas de Gortari.
La mayoría quiere a los ex presidentes en la cárcel. No importa si la consulta es legal, o si sus casos deben judicializarse.
El presidente —con la ayuda de Lozoya— se ha encargado de convencer al “pueblo” de que robaron.
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Lo apunta con tino el extrañado ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío, en su artículo “Las Guerras Mediáticas”, que publica en El Universal (25-08-20).
El juzgador se refiere al video que se exhibió en una de las mañaneras. Allí se aprecia a dos funcionarios menores vinculados a legisladores de oposición , que entregan y reciben pacas de billetes.
Escribe:
“El jefe del poder ejecutivo no solo señaló la importancia de lo ahí visto, sino que exhortó a la población a concebir la corrupción nacional con base en esas imágenes.
“No se pronunció acerca de la necesidad de judicializar los actos observados, sino que prácticamente pidió a la población que emitiera su juicio”.
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Los alfiles del presidente ya se mueven. El diputado Mario Delgado, aspirante a presidir Morena, se declaró listo para “acompañar” al mero mero, si decide convocar la consulta. Pero también para que una de las dos cámaras –o ambas– lo haga en su lugar.
El petista Fernández Noroña anunció en twitter que hoy va a presentar el formato para que la consulta la pidan los ciudadanos. Es lo que quiere su patrón.
Se necesitan un millón 600 mil firmas para que la consulta se realice a petición de los ciudadanos. Pero se tienen que entregar antes del 15 de septiembre. No hay tiempo.
En forma engañosa, López Obrador dice que el votaría en contra por razones que explicará posteriormente. Pero por supuesto que quiere un juicio complementario al proceso en el que ya fueron involucrados, por Lozoya, los tres ex presidentes.
Le conviene a su proyecto de “transformación” y a la precepción de que votar vs la 4T es respaldar chanchullos.
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Se le viene un broncón al gobierno federal con los trabajadores mineros. Están que trinan por la decisión de la 4T de mantener el llamado Fondo Minero en la SEP y el gobierno. Quieren recuperarlo en el 2021.
No estamos hablando de cacahuates sino de 3 mil 396 millones de pesos que, por disposición oficial, ese año se fue, en un 80 por ciento, a la SEP; 15 por ciento a programas de infraestructura del gobierno y cinco por ciento a los mineros.
El Fondo se integra con el 7.5 por ciento de las utilidades de las empresas del ramo. Fue creado en 2014 para obras de impacto social o de infraestructura en las regiones mineras.
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Dura repuesta del presidente del TEPJF, Felipe Barrera Fuentes, a las acusaciones de Muñoz Ledo de que ha habido “cañonazos amigos” a los magistrados de ese tribunal, de cara a la elección de la dirigencia de Morena.
“México tiene un Tribunal Electoral fuerte, y dispuesto a soportar cualquier ataque, venga de quien venga, aun y cuando éste sea constituido desde la calumnia”, dijo Barrera Fuentes.
Porfirio aseguró en twitter que hubo “millonarios sobornos” a magistrados para que votaran en contra de la postura del presidente del Movimiento, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Alfonso se opone a una encuesta abierta como método para elegir a la dirigencia con el alegato de que se pueden colar votos no morenistas. Quería prolongar su mandato un año, pero el TEPJF lo impidió.
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Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, nos mandó copia de la carta enviaron a Grete Feramo, directora de la UNOPS, organismo de la ONU al que la 4T encargó la compra de medicamentos.
La misiva, que no esconde la preocupación de AMELAF por los subsidios que reciben empresas chinas o de la India, señala:
“Las mejores prácticas de una licitación implican que haya condiciones iguales o piso parejo.
“Es preocupación de la industria farmacéutica mexicana que no se den ventajas o trato preferencial a las empresas extranjeras que quieran participar en la licitación”, puntualiza.
AMLO dejó fuera de las licitaciones a los laboratorios mexicanos, con el argumento de que ejercían prácticas monopólicas y cometían abusos. Ese alegato ya no es válido de cara a las compras de medicamentos en el extranjero.
FIN.
