José C. Serrano.
El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones en todo el territorio mexicano en coordinación con los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, quienes se encargan de las elecciones locales de gubernaturas, diputaciones, ayuntamientos o alcaldías.
El INE solicitará 20 mil 465 millones de pesos para el presupuesto 2021, a través de la Comisión Temporal respectiva, presidida por el consejero Ciro Murayama Rendón. Dicha comisión se dispone a aprobar el lunes 24 de agosto una propuesta incrementada notoriamente.
El próximo año se renovarán la Cámara de Diputados, 30 Congresos locales, los ayuntamientos de 30 entidades federativas y 15 gubernaturas, circunstancia que la coloca como la más grande elección del país; comparativamente con lo ocurrido en 2018, año en que se renovó la Presidencia de la República, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, ayuntamientos de 30 entidades federativas, así como nueve gubernaturas, el INE recibió 17 mil 427 millones de pesos para solventar el costo de la jornada comicial.
El Consejo General es el órgano superior de vigilancia del INE, integrado por 10 consejeros electorales y un consejero presidente; consejeros del Poder Legislativo; representantes de partidos políticos y el secretario ejecutivo.
Todo lo anterior es la base doctrinaria del INE; en la realidad cortante y tajante el “funcionamiento” del instituto, desde hace varios años, depende de la voluntad de tres sátrapas incorregibles: Lorenzo Córdova Vianello, presidente, Ciro Murayama Rendón, consejero y Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo; los tres son expertos succionadores de la ubre gubernamental. Los demás consejeros son los convidados de piedra.
En las condiciones actuales por las que atraviesa el país, lo demandado por el INE es un atraco contra el pueblo mexicano, que vive hoy uno de los momentos más penosos de la historia, víctima de una doble crisis: la sanitaria y la económica. A modo de comparación, el gobierno federal piensa gastar menos de 25 mil millones de pesos para vacunar a toda la población durante los meses por venir.
Causa extrañeza que los jilgueros de la 4T enmudezcan en momentos cruciales, frente a este enorme despojo. Cabe preguntarse, ¿dónde queda la austeridad republicana?, esa afilada guillotina que ha cercenado instancias vitales para el desarrollo integral de la población de este país. ¿Acaso se han vuelto silentes, porque el robo a plena luz del día los favorece en el proceso electoral del año 2021? ¿Es más importante mantener el poder a costa de lo que sea, que salvar vidas; mejorar las condiciones socioeconómicas de los mexicanos; lograr una educación digna; apoyar programas que brinden a la clase trabajadora un salario que le permita mantener a la familia con cierto desahogo?
Preocupa que el nuevo gobierno auspicie, con su silencio, una práctica tan añeja como la ordeña de la ubre gubernamental.
