Francisco Garfias.
Dice AMLO que los sobres con dinero que en 2015 recibió su hermano Pío de manos de David León Romero, ex titular de Protección Civil, son “aportaciones voluntarias” de ciudadanos a su movimiento.
“A nosotros nos financiaba el pueblo”, justificó en la mañanera.
Sería interesante que el presidente nos dijera si esos recursos se registraron como gastos de campaña.
Lo contrario, como bien los señalan la diputada del MC, Marta Tagle, y el perredista Fernando Belaunzarán, es delito electoral.
El consultor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del INE, precisó en twitter:
“Las aportaciones por montos superiores a 90 días de salario mínimo invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo” (Reglamento de Fiscalización del INE).
Eso equivalía, en 2015, aproximadamente a 6 mil 300 pesos.
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El presidente le puso cifras al “maíz” recibido por su hermano. Calculó en dos millones de pesos la cantidad “donada” por David León Romero a su hermano Pío.
Quiso minimizar el contenido del video haciendo comparaciones con el caso Lozoya. Se valió de la transa en Agronitrogenados “donde se cobraron 200 millones de dólares más”, para ese propósito.
De la entrega a Pío nos enteramos por el video que hizo público el excepcional reportero Carlos Loret de Mola en Latinus.
El mismísimo David León lo reconoció como auténtico y el presidente lo justificó, en contradicción con su postura de que ni a su familia le permitiría chanchullos.
Sería ingenuo suponer que la escena no se multiplicó en muchas partes del país durante años, sin cámaras que lo registraran.
Es válido pedirle al Jefe de la Nación que así como lo hizo con el video de las pacas de dinero en el Senado (2013-2104) exhiba las imágenes de su hermano en la mañanera.
Debe probar que el dinero recibido “para el movimiento” fue declarado a Hacienda y al INE.
¿Verdad que no?
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Nos llegó un audio del doctor Hugo López Gatell en el que felicita a los diputados de Oaxaca por la iniciativa para prohibir la venta de alimentos y bebidas “ultraprocesadas”.
“Que lo hagan Congresos estatales va a mostrar camino para una nueva manera de vivir de manera saludable”, les dice a los oaxaqueños
El audio venía acompañado del siguiente texto:
“Lo que no se ha contado es que el mensaje (de Gatell) iba dirigido a Horacio Sosa Vicencio, líder del Congreso Oaxaqueño.
“Por si no lo recuerda, Sosa Vicencio y sus hermanos, Erik y Flavio, son integrantes de la APPO, algunos de cuyos miembros pasaron un tiempo en prisión por privación de la libertad, robo y lesiones calificadas.
“Hoy se entiende por qué la Ley fue aprobada sin debate y sin tomar en cuenta la información de los expertos y los afectados por las prohibiciones”, remata.
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Fuerte el reclamo de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de abogados del Estado de México al Fiscal General, Alejandro Gertz Maneno, por el “espectáculo mediático” en que se ha convertido el caso Lozoya.
En un pronunciamiento público, los abogados dicen que la forma como se ha lleva a cabo la investigación –el ex director de Pemex no ha pisado la cárcel— es una muestra de matizada de “criterio de oportunidad”, bajo el supuesto de aportación de información esencial.
Señalan:
“Es muy lamentable que esta investigación se encuentre plagada de información en los medios, ocupando escenarios donde se presume falazmente el combate a la corrupción.
“Son especulaciones de conveniencia previamente diseñadas, justo como ‘anillo al dedo’ para el venidero escenario electoral nacional”, dice el documento.
El presidente López Obrador repite, cada que puede, que las cosas no son como antes, que a diferencia de la PGR en sexenios anteriores, la Fiscalía es autónoma.
Pero es por lo menos sospechoso que un día el presidente pide que el video de las pacas de dinero se haga del conocimiento público –lo pasó íntegro en la mañanera– y al día siguiente aparece por todos lados.
O que diga que la denuncia de Lozoya debería ser difundida en su totalidad y ni 24 horas después una copia íntegra circula en redes sociales.
La denuncia debería estar en una carpeta de investigación y no en los medios de comunicación. Las condenas a los que sí resulten culpables se pueden alterar por no respetar el debido proceso. “Ninguna Ley debe beneficiar a la delincuencia ni a los delincuentes que afecten gravemente al país”, rematan los abogados.
FIN.
