Chile.- Desarrollar plantaciones de aguacate y proyectos de electricidad a costa de las garantías fundamentales de la población chilena transgrede las leyes internacionales de derechos humanos, advierte un grupo de expertos de la ONU en esos derechos y recuerda al gobierno de Chile su obligación de garantizar el suministro de agua, destacando la importancia de cumplir con esta provisión en el marco de la pandemia de COVID-19.
Las plantaciones de aguacate y la producción de electricidad no deben colocarse antes que los derechos a la salud y al agua del pueblo chileno, dijo este jueves el relator especial sobre los derechos al agua y al saneamiento, refiriéndose específicamente al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, al sureste de Santiago, y al negocio de aguacate en la provincia de Valparaíso, al norte de la capital.
Léo Heller, respaldado por siete expertos más de la ONU en las garantías fundamentales, afirmó que el gobierno chileno “no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud”.
Subrayó también que las empresas deberían abordar los efectos negativos de sus actividades sobre esos derechos.
“El gobierno tiene la obligación de garantizar un abastecimiento de agua suficiente para toda la gente”, recalcó Heller y agregó que los dos proyectos económicos en cuestión pueden poner en riesgo ese suministro, “lo que es particularmente preocupante durante la pandemia de COVID-19”.
El relator informó que ha solicitado al gobierno de Chile que aclare esas cuestiones.
Con información de la ONU
