Ileana B. Hernández.
El 21 de agosto próximo la Sala Primera de lo Penal tendrá a la importante rapera cubana Danay Suárez como acusada por denunciar en sus redes sociales, a inicios de junio pasado, al MAP (Minnor Atracted Person) o movimiento pedófilo, que se vende como una orientación sexual más.
La cantante cubana Danay Suárez, estuvo en el foco noticioso hace tres años, cuando participó en el Festival chileno de Viña del Mar y obtuvo uno de los galardones. En aquella ocasión, tras cambiar sin aviso la canción prevista, interpretó otra con referencias críticas al aborto —“un sendero derecho al homicidio”, “ancha es la puerta que conduce al perdedero”.
Más adelante explicó a la prensa los motivos de su pronunciamiento: “fui una muchacha que tuvo dos abortos y no tengo prejuicio en tocar el tema. Yo no ando con fachadas por la vida. Soy lo que soy y lo expreso con mi música. Siempre he vivido en mi propio mundo”.
“Yo era del grupo de los ateos, filósofos, psicólogos de primera plana cuestiona todo, necia en mi propia opinión, hasta que llegó la Verdad, pero en Su tiempo”, dijo la intérprete, cuya canción Yo aprendí es un clásico del hip hop cubano.
Ahora la rapera es una de las víctimas del cada vez más virulento activismo Lgbt cubano, de inspiración socialista. Pero muchas han sido las voces que se han alzado contra la arremetida, y llamaron a calmar los ánimos de la corrección política.
LGBT: NUEVO MOVIMIENTO TOTALITARIO DENTRO DEL TOTALITARISMO CUBANO
El diario El Arsenal, reseñó en un artículo sobre los ataques a Danay Suárez que la dictadura de la corrección política cubana ya empieza a perfilarse como un movimiento embelesado con el poder del súper estado castrista.
“El lobby feminista y Lgbt, como en otros países de la región, pretende victimizarse para usar la fuerza del Estado (tribunales, leyes, prensa) y castigar a quien disienta de la nueva moral que pretenden implantar”, señaló. “Además del escrache en redes sociales, ya el lobby de la corrección política tiene sus primeras víctimas. No es de extrañar que, como en la Revolución de 1959, vayan tras los religiosos”.
En 2019, uno de los casos más sonados fue la expulsión del grupo de clowns Los Parchís del escenario donde actuaban para niños de la comunidad Limonar, provincia de Matanzas. El activista Lgbt Yaudel Cepero usó a la delegación local del Partido Comunista para que los cuatro actores perdieran su empleo. ¿El delito? Emplear canciones y diálogos de contenido cristiano en sus presentaciones.
Pasarían semanas para, tras una reclamación formal, recuperar su única fuente de ingresos en ese momento.
Otro antecedente fue la campaña de descrédito contra el productor audiovisual Sandy Cancino, quien se pronunció contra varios artículos de la constitución comunista de 2019, entre ellos el 68, que legalizaba el matrimonio gay.
Varios perfiles de Facebook adscritos al activismo Lgbt produjeron los ataques contra la dignidad de Cancino y su familia, y medios de comunicación independientes los secundaron. La revista El Estornudo, por ejemplo, publicó un reportaje en el que se hizo eco de rumores sobre la sexualidad de uno de los hijos de Cancino. A pesar de la falta ética, el autor del material recién fue promovido como columnista del diario estadounidense Washington Post.
En 2019 el activista gay Roberto Ramos Mori, conocido por sus constantes mensajes de odio a través de redes sociales, aprobó el encarcelamiento de dos pastores evangélicos por el régimen de La Habana en la provincia de Guantánamo.
En 2018 el trovador Ariel Díaz y el reportero comunista Francisco Rodríguez Cruz pidieron desde las redes sociales aplicar el odiado Decreto Ley 349 contra cristianos que manifestaran su opinión sobre el Artículo 68 previos a la aprobación de la nueva constitución. El Decreto Ley 349, que trataba de controlar la libertad de expresión a través de las manifestaciones artísticas, fue masivamente rechazado por artistas cubanos.
Pero esta no fue la única vez que un activista gay o sus simpatizantes pidieron usar la fuerza del súper estado cubano contra la libertad de opinión. En julio de 2018 la articulista Susana Hernández pidió que la persona que tuviera otra visión de la sociedad distinta a la de la nueva moral Lgbt no pudieran manifestarlo libre y públicamente, sino “donde nadie lo escuche”.
Un analista habanero que pidió no revelar su nombre advirtió que “en una posible transición a la democracia pudiera fungir como un grupo con el cual la dictadura se anime a dialogar, debido a las tendencias marxistoides de plataformas como 11M o en medios no estatales como Periodismo de Barrio o El Toque, abiertamente socialistas”.
De hecho, el activismo Lgbt cubano está fuertemente subvencionado por la tiranía comunista. A ese movimiento original estuvo vinculada casi la totalidad de los que ahora se llaman independientes.
Entre 2008 y 2018, década en que gobernó Raúl Castro, el colectivo gay accedió a los medios de comunicación, recibió fondos del Ministerio de Salud Pública para gigantes campañas promocionales, e incluso tomó año tras año la Avenida 23, principal avenida habanera, para desplegar un desfile.
Estos mismos derechos les son negados a activistas políticos de oposición o a instituciones debidamente registradas en el país como las propias iglesias.
El apadrinamiento desde el castrismo llega a tal punto que el diario New York Times reconoció en un artículo, el cambio del Estado comunista de represor a patrono del movimiento gay en la isla. “Algo único en la historia de la homosexualidad –se asombraba el articulista- Hoy Cuba es el único país del mundo con bares gays administrados por el Estado”.
