Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toma nota, con preocupación, de hechos de violencia en el contexto de las recientes manifestaciones en Bolivia y hace un llamado al Estado a garantizar procesos de diálogo con todos los actores involucrados en las manifestaciones que se han llevado a cabo en el país en las últimas semanas, en las que se han cometido algunos hechos de violencia. En ese orden, la CIDH llama también al Estado a asegurar que el ejercicio del derecho de reunión y de protesta pacífica y velar, en todo momento, por la garantía de los derechos humanos de la población, particularmente, de las personas con Covid-19. La CIDH también hace un llamado a la no violencia en las manifestaciones.
La Comisión ha dado seguimiento cercano a las manifestaciones desarrolladas por distintas organizaciones sociales en Bolivia en rechazo de la decisión del 23 de julio de 2020 del Tribunal Supremo Electoral, por la que aplazó la fecha de las elecciones generales, tomando en cuenta la necesidad de adoptar medidas de prevención de contagio de la Covid-19. La CIDH tiene conocimiento de que tales manifestaciones han consistido, principalmente, en marchas, concentraciones y el cierre del paso en distintas carreteras en 78 puntos urbanos y rurales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Beni y El Alto.
Según información de público conocimiento, en el contexto de las manifestaciones se han producido las detenciones de, al menos, 7 personas, incluyendo un adolescente, además de reportarse un posible hecho de violencia policial contra una persona mayor en Cochabamba, así como el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes. Por otra parte, la CIDH también ha registrado que un policía habría sufrido lesiones oculares. Al respecto, la Comisión reitera la obligación del Estado de garantizar el derecho a la manifestación, a la vez que recuerda que el uso de la fuerza pública en el contexto de las protestas es un recurso último, caracterizado por la excepcionalidad, que debe regirse por los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, especialmente, cuando están involucradas personas mayores, niños, niñas y adolescentes. Al respecto, la CIDH hace un llamado al respeto del debido proceso y a las garantías judiciales de las personas detenidas.
Con información de la CIDH
