Alejandro Zapata.
El desaseado manejo que la Fiscalía General de la República le ha dado al asunto Lozoya, rompe con toda la credibilidad y el respeto que la institución merece, al prestarse a componendas jurídicas inadecuadas, a la vez de permitir una evidente utilización política electoral del caso, circunstancias que lejos de contribuir al descubrimiento de la verdad y a deslindar responsabilidades, vienen a enlodar aún más la de por sí desprestigiada actividad política.
El asunto por todos conocidos se divide en dos partes, la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados y, los contratos otorgados por sobornos a la empresa brasileña Odebrecht, que según se desprende de las filtraciones oficiales, se pactaron antes de que el Presidente Peña tomará posesión del cargo, poniendo al señor Lozoya como intermediario, receptor de recursos y ejecutor de los acuerdos.
Desde antes de ser trasladado de España a México, las autoridades de nuestro país tuvieron acuerdos con el imputado, con el objetivo de que involucrara a más personas participantes en las conductas ilícitas, aplicando la figura de testigo colaborador y obteniendo a cambio desconocidos beneficios hasta ahora, bajo los criterios de oportunidad.
En esa medida fue que se decidió no ponerlo a disposición inmediata de los jueces, sino hasta pasados diez días, mientras se recuperaba al parecer de su delicado estado de salud, cuando era obligación inexcusable entregarlo al órgano jurisdiccional y que a su vez éste dictará las medidas correspondientes, no obstante, esa situación impediría a la fiscalía el acceso con el detenido y por lo tanto la comunicación para sus fines.
Así es pertinente, suponer en principio que Lozoya habría de someterse a todos los requerimientos de la fiscalía con tal de obtener beneficios a su favor y, por supuesto, de sus familiares involucrados, en consecuencia, las audiencias de vinculación ante el Juez, es de presumirse que fueron previamente planeadas de tal forma que hasta inocente se declaró y además la estrategia jurídica es un entramado para evitar la prisión oficiosa.
Se brincan una serie de disposiciones y criterios normativos en aras de conseguir un objetivo que por lo visto se aleja del ámbito en el combate a la corrupción, que sin duda es la sustancia del caso, sin embargo, se aprovecha para demeritar a los adversarios políticos a través de filtraciones y acusaciones hasta ahora sin fundamento alguno, pero que mediáticamente les funciona y se hace un juicio social de condena a partir de la cúpula del poder.
La idea tiene diversas variables, empezando por destruir a la oposición con vista en las próximas elecciones; como también cancelar la reforma energética, aunque la acusación en contra de Lozoya nada tienen que ver con ella, es obvio la pretensión de desacreditarla a como dé lugar al PAN, por otro lado, piensan que la soberanía nacional descansa en una alta proporción en Pemex y CFE, sin importar la eficiencia y las pérdidas que a todos nos cuestan y que regularmente reportan ambas empresas, así en esa línea, les estorba la modificación en la materia y consideran fundamental el retorno al monopolio.
En ese orden, la crisis se ahonda aún más, al padecer las de inseguridad; salud; económica; política; rompimiento del tejido social; y ahora se atenta en contra de nuestra frágil democracia.
