Alejandro Zapata.
Se saludan con beneplácito los avances procesales para desentrañar la verdad histórica y jurídica en los emblemáticos asuntos de Ayotzinapa y el caso Lozoya, pues ambos representan significativos lastres de trascendencia social que han puesto en entredicho ante la comunidad internacional el sistema de procuración y administración de justicia del país.
Es por todos conocido que un aspecto sobresaliente en México y que va de la mano con el enorme problema de la corrupción, es la impunidad, rubro latente que aún sigue presente como parte indisoluble con nuestra vida cotidiana, erosionando el tejido social y socavando las debilitadas instituciones.
Por tal motivo es causa de celebración la voluntad política para resolver ambos asuntos, no obstante, su manejo exagerado desde el aspecto mediático es inusual y más se advierte una intención política que un ánimo de hacer justicia, circunstancia que resulta conveniente ajustar y actuar con prudencia, pues la información mañanera está dejando una estela de dudas y especulaciones por la falta de claridad.
Veámoslo desde otro ángulo, se dijo que con la captura del “mochomo”, saldría a relucir la verdad histórica sobre el paradero de los estudiantes asesinados, sin embargo, el proceso y la acusación que sobre este personaje existía, se cayó y se tuvo que utilizar una figura jurídica controversial por ser atentatoria de derechos humanos como es el “arraigo” para salvar la situación, mientras recomponen las cosas, lo curioso del asunto es que aún no se mencionan resultados, además de que no se ha dicho en cuanto al fondo a quien se protege en relación a esos lamentables hechos, pues es evidente la desaparición de los muchachos, lo importante es conocer quien estuvo detrás de los acontecimientos, lo que sigue siendo una incógnita.
En relación con Lozoya, personaje importante en el sexenio anterior, viene a México después de haber negociado, no se sabe si bajo el criterio de oportunidad, como testigo protegido o colaborador. Es obvio que las autoridades mexicanas encargadas del caso conocieron desde antes los elementos probatorios que tenía en su poder e hicieron los arreglos para garantizarle su libertad, considerando la suficiencia de esas pruebas para incriminar a otros involucrados, pues de otra manera cuesta trabajo entender que haya venido por voluntad propia.
Ante ese panorama, la carencia de transparencia provoca sombras y suspicacias al advertir una alta probabilidad de información sesgada y otra oculta, lo que parece indicar la politización del asunto, amén de haberse detectado una serie de dudas en cuanto al manejo jurídico del caso, lo que ocasionaría consecuentemente una herida social más profunda.
Si bien, se festejan los avances, por un lado, por otro, la falta de transparencia y la información parcial, sesgada y utilizada con fines políticos, desvanece la esperanza para obtener sin distingos una justicia como lo dispone nuestra Constitución, al observar que prevalece por encima del derecho la ambición del poder, simplemente más de lo mismo, lo que nos obliga a recapacitar al considerar la posibilidad nuevamente de vernos en medio de un montaje.
Por otra parte, ¿Por qué habrían de cambiar los frutos, si provienen del mismo árbol?
