Rubén Cortés.
Es de mirada corta creer que el Caso Lozoya sólo pretende un fin judicial, o electoral: el objetivo grande es desacreditar las instituciones anteriores a este gobierno. De un golpe, destruir la política mexicana por corrupta… para justificar un sistema sin política.
Al usar su férreo control de medios (de ocho empresarios que lo acompañaron con Trump, cuatro son de medios) para airear lo que dice que dijo Lozoya, el presidente busca demostrar que la política es un estercolero que ya no merece la pena tener.
Lo logró Chávez en Venezuela antes de morir en 2013, y aún permea entre los venezolanos: que ningún político vale, aunque el mismo Chávez fuera político, llegase (y se mantuviese en el poder) con la política y los políticos.
El resultado de que Chávez desacreditara la política con casos armados con esmero como el de Lozoya, es que hoy la democracia se ha vuelto un imposible, porque los venezolanos, aunque ya descontentos con el populismo, dejaron de confiar en la política.
El Caso Lozoya provocará lo mismo en México, además de que este gobierno tiene trecho recorrido, con la destrucción casi diaria de las reglas del Estado de Derecho que le permitieron llegar al poder, pues (aunque le permitieron ganar) las considera corruptas.
No importa que accediera al poder chapoteando en lo que ahora quiere hacer ver como un pantano: no olvidemos que muchos en este gobierno no pueden justificar de qué vivieron antes, ya que casi nunca trabajaron, ni pueden explicar sus pingues negocios.
Los Bartlett; Irma Eréndira, su hermano, y su esposo; el ex súper delegado del presidente en Jalisco, y decenas, poseen tanto dinero como aquellos a quienes llaman corruptos porque también hicieron dinero.
Así que el Caso Lozoya no significa una lucha jurídica contra la corrupción: es venganza política de la más ordinaria, un intento de hundir el pasado y demostrar que la política es inservible como tornillo de la democracia representativa.
Y, si la política es un asco, y los políticos unos bandidos, ya no hace falta el voto libre y secreto. Son mejores las consultas de plaza pública y que quien gobierne sea alguien que está por encima de la política y los políticos: o sea, el presidente actual.
La verdad: si el gobierno tuviera voluntad para enterrar la corrupción, el juicio contra Lozoya sería transparente y en juzgados: no en “mañaneras” ni en medios, si de ocho empresarios que acompañaron al presidente con Trump, cuatro son de medios.
Porque lo que se atisba que sucederá con el Caso Lozoya, el resultado grande será (ya que está de moda Michael Corleone) un proceso mediático que funcionará para aplastar a todos los enemigos juntos…
De un golpe.
