Francisco Garfias.
Emilio Lozoya Austin se convirtió literalmente en un ventilador, según una filtracion periodística que salpicó –y feo– a figuras priistas y panistas.
Provocó un “sismo político” que esta vez sí le viene como anillo al dedo al presidente López Obrador y a su devaluada Morena.
En septiembre próximo inicia el proceso electoral de 2021. Mejor arranque no se puede.
El ex director de Pemex no ha pisado la cárcel. Llegó directo al Hospital, cuando en España no reportó enfermedad alguna. Hasta le mandaron un avión para traerlo ¿Pacto no hacerlo?
Beneficios tendrá por su valiosa colaboración. ¿De qué tamaño? Lo sabremos tarde o temprano.
El presidente lo llama “testigo colaborador” que se acoge al “criterio de oportunidad”. En realidad es un imputado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
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El extraditado dio nombres, nombres y nombres supuestamente ligados a Odebrecht, empresa brasileña, líder mundial en corrupción.
La filtración involucra a los priistas Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, David Penchyna. Los brasileños les habrían dado cuatro millones de dólares para la campaña presidencial del mexiquense.
A los panistas Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Cabeza de Vaca, Pancho Domínquez, Jorge Luis Lavalle los acusa de haber vendido su voto a favor de la Reforma Energética, cuando estaban en el Poder Legislativo.
Acusaciones graves que niegan los implicados.
El escándalo estalló a partir de una publicación periodística y no del fallo de un juez. No ha habido ni audiencia. Tampoco se ha presentado frente a un juez en México.
Pero en el imaginario popular, los mencionados son culpables.
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El priista David Penchyna era presidente de la Comisión de Energía. Lo buscamos. No va a opinar sobre una “filtración”. Lo hará en el momento que tenga la certeza de lo que argumenta Lozoya.
“Lo único que sí te puedo decir, con total certeza, es que no tengo nada que ocultar. Fui presidente de la Comisión de Energía. Imposible que mi nombre no salga en el tema.
“Lo que hice fue por convicción personal. No por componenda con el ex director de Pemex”, nos dijo.
El panista Jorge Luis Lavalle, presidente de la Comisión de Adminsitración del Senado en ese entonces se dijo sorprendido “con todo este teatro”.
Nos mandó copia del tuit en el que niega haber recibido algo a cambio de su voto:
“Esta reforma fue planteada hace muchos años por el PAN. Resulta absurdo que se pretendan ligar los malos manejos que se hicieron en la administración anterior con la aprobación de una reforma que sigue siendo necesaria para México”.
Ricardo Anaya, en ese entonces presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, no respondió a los mensajes de este reportero. Pero en una carta que envió al periódico Reforma negó haber recibido los 6.8 millones de pesos que dice Lozoya.
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Cosas extrañas ocurren en tiempos de pandemia. Otra vez la Cofepris aparece en escena con un asunto bochornoso.
Esta es la historia. En mayo pasado recibió un donativo de la empresa belga Coris BioConcept, a traves de Kabla, su distribuidor en México, mil pruebas rápidas de detección rápida del Conid-19 Ag Respi-Strip.
El donativo se coordinó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El antígeno presente dentro de la prueba COVID-19 Ag Respi-Strip permite detectar en 15 minutos la presencia del virus SARS-CoV-2 en secreciones nasofaríngeas.
El protocolo de la donación establece que las pruebas se aplicarían en el pico de la pandemia. No se ha hecho.
En muchos estados ya está el semáforo naranja. ¿Pero qué creen? La Cofepris no informa qué hizo con ellas. La embajada supone que están en una bodega, pero no tiene la certeza.
Desde Bélgica, la empresa donante presiona a sus diplomáticos en México para saber qué ocurrió.
Pero la Cofepris no le da información. Vamos, ya ni siquiera responde los correos. Por eso acuden a los medios.
Sobra decir que México es uno de los países que menos pruebas aplica para rastrear el coronavirus. La letalidad duplica el promedio mundial.
Cada una de las pruebas cuesta alrededor de 200 Euros. Estaríamos hablando de 200 mil euros (casi 5.2 millones de pesos). Pero es lo de menos. Potencialmente hay mil personas que en un cuarto de hora sabrían si llevan en su cuerpo el letal virus.
FIN
