Rubén Cortés.
El nuevo grupo gobernante sí goza el poder de manera redonda, y sin más críticas que de un par de medios, algunos articulistas y Twitter: casi no licitan la obra pública, se absuelven de acusaciones de corrupción entre ellos, cambian la ley si les da la gana…
Por ejemplo, ayer la Guardia Nacional (a cargo del sonorense Alfonso Durazo) y la policía del gobernador de Morena en Veracruz le echaron la mano a la sonorense y militante de Morena Ana Guevara, al apresar a dos empresarios que la acusan de extorsión.
Así de fácil. A Jesús Chaín Oceguera y Rafael Sánchez Cano los detuvieron por secuestro de un jefe policiaco que desapareció hace cuatro meses, cuando fue a cobrarles 2.5 millones de pesos, de parte de la titular de Conade y funcionarios suyos.
Los dos detenidos tienen acusada a Ana Guevara ante la FGR de asociación delictuosa, cohecho, simulación de licitaciones, falsificación de documentos y lo que resulte, porque les pidió dinero para que les otorgara un contrato de la Conade.
Igual sucede con la secretaria de la Función Pública, quien de facto ya exoneró a su hermano de un presunto caso de falsedad en declaración patrimonial como funcionario público, siendo que ella es quien tiene que determinar si actuó de manera correcta o no.
Sólo que Pablo Amílcar Sandoval no es cualquier funcionario público: no sólo es procónsul del presidente en Guerrero, en su cargo de súper delegado; también es hermano de Irma Eréndira Sandoval, la funcionaria más poderosa del actual gobierno.
Desde su puesto de procónsul, Pablo Amílcar es seguro candidato a gobernador en Guerrero, e Irma Eréndira es desde ya una aspirante a la presidencia por Morena, además de que su esposo es el encargado de Morena para dinamitar al INE.
O sea, los Sandoval y, el marido de ella, integran una de las familiares reales dentro del actual grupo de poder, no sólo en fuerza política y burocrática, sino en recursos, pues el matrimonio posee un emporio inmobiliario.
Pero como este grupo en el poder se comporta a través de reglas propias y no por las reglas de Estado, Irma Eréndira Sandoval replicó la defensa pública de su hermano sobre una finca cuya propiedad ocultó, con lo cual ella viola la ley de funcionarios.
Pablo Amílcar Sandoval (según investigación de Reforma) compró el 23 de junio de 2010, en condiciones no aclaradas, una finca en Acapulco, pero en la documentación oficial no aparece el nombre de quién se la vendió, ni en cuánto.
Además, ocultó la propiedad en la declaración patrimonial que debió hacer como funcionario público, algo que también hizo su hermana, quien declaró nueve millones de pesos en propiedades, cuando en realidad tiene más de 60 millones.
Pero es la marca de la casa en esta administración, al gobernar sin contrapesos institucionales, casi sin oposición partidista, sin más críticas que de un par de medios, algunos articulistas y Twitter: pueden hacer lo que les venga en gana.
