Por José C. Serrano.
Eber Omar Betanzos Torres es abogado por la Escuela Libre de Derecho, licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Lasalle. Tiene una maestría en Estudios Humanísticos, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y un doctorado en Derechos Humanos, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el servicio público se ha desempeñado como asesor en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); ha fungido como coordinador de asesores de Política Criminal en la Fiscalía Especilaizada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade); subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la extinta Procuraduría General de la República (PGR); subsecretario en la Secretaría de la Función Pública, en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Su formación académica y su desempeño profesional lo hizo bajo el ala protectora de Arely Gómez González. Ella es abogada egresada de la Universidad Anáhuac con una especialización en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Gran parte de su carrera profesional transcurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), institución donde llegó a ocupar el cargo de oficial mayor.
En 2006, durante el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, fue nombrada titular de la Fepade adscrita a la hoy inerte PGR; en 2012 fue electa senadora, postulada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); solicitó licencia a su cargo como legisladora en 2015 para poder ocupar la vacante en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la multicitada PGR; sustituyó al titular de la dependencia, El Cansado Jesús Murillo Karam del 3 de marzo de 2015 al 26 de octubre de 2016.
Por esas fechas y, como un pago a los favores recibidos de parte de Leopoldo Gómez González, vicepresidente de Televisa, Enrique Peña Nieto la designó como primera titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Duró en el cargo hasta la conclusión del gobierno del hijo predilecto de Atlacomulco.
El joven Betanzos Torres acompañó a su madrina en esta vertiginosa carrera burocrática. Tuvo a su alcance la oportunidad de reivindicar las esperanzas de los familiares de personas desaparecidas en México, cuando fue subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. No lo hizo. Su actuación se limitó a entregar a diestra y siniestra tarjetas de presentación a quienes acudían a las reuniones convocadas por él. Su mensaje no era el de un servidor público emparentado con la procuración y administración de justicia, sino el de un predicador.
- En su más reciente cargo como subsecretario de la Función Pública (de noviembre de 2016 a noviembre de 2018), Eber Omar Betanzos Torres erogó 3 millones 456 mil 309 pesos del presupuesto público sólo por concepto de viáticos en 59 viajes nacionales e internacionales. Actualmente se perfila como candidato a magistrado anticorrupción.
Como subsecretario de la SFP, Betanzos Torres no escatimó en gastos para acudir a diversos foros, cumbres o congresos. Uno de sus viajes más onerosos fue a la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, realizada en Georgia, país localizado en la costa del Mar Negro, en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental. Hasta 1991, formó parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS). Comparte fronteras con Rusia al norte y noreste, con Turquía y Armenia al sur, y con Azerbaiyán al sudeste. Dicha cumbre ocurrió del 17 al 20 de julio de 2018, en él reportó erogaciones, de acuerdo a información pública, por 340 mil pesos de viáticos de tres días. Ese mismo año estuvo tres veces en Francia, con un monto para gastos personales de 397 mil 599 pesos. Detallar cada uno de sus viajes produce urticaria e indignación.
Ya se escuchan voces en los espacios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que, cuestionan que alguien que se excedió en los gastos como empleado gubernamental pretenda ser magistrado anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa. El Senado de la República tiene la última palabra.
