Rubén Cortés.
Son historia las enérgicas exigencias de medios, ONGs, sociedad civil… para que los contratos del gobierno fuesen mediante licitaciones que se pudieran seguir en línea: 2020 es el año con más adjudicaciones a dedo del gobierno federal en más de una década.
Y según el Inegi, la corrupción en los trámites ciudadanos-gobierno aumentó 7.5 por ciento en 2019, medida en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en especial en asuntos de Seguridad Pública y papeleos de escrituras, predios y terrenos.
Así que se encuentra congelada la promesa de eliminar la corrupción con la que ganó las elecciones el actual gobierno. O quizá es que en verdad no había tanta corrupción en el pasado, y los ganadores de la elección armaron muy bien su narrativa de campaña.
Durante el actual gobierno, México perdió capacidad para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, debido a las adjudicaciones directas en las contrataciones públicas y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
De hecho, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020 advierte sobre el desmoronamiento de los órganos reguladores y la falta de independencia de agencias clave como la Unidad de Inteligencia Financiera.
Aunque no es sólo a nivel de empresas: la corrupción durante la autollamada 4T le pega al bolsillo de los ciudadanos de a pie, pues en 2019 gastaron en moches a funcionarios 12 mil 770 millones de pesos: es decir, tres mil 882 pesos por persona mordida.
De acuerdo con el Inegi, esos 12 mil 770 millones de pesos pagados en conjunto por los mexicanos en el actual gobierno, superan en un 64 por ciento las mordidas durante el pasado sexenio, que eran de siete mil 780 millones de pesos.
Es general, pues: por ejemplo, siete de 13 empresas participantes en el concurso para vender 49 mil toneladas de acero del NAIM están denunciando corrupción en el proceso por parte de funcionarios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
Sí, porque la Sedena, que es responsable de la venta del acero, no ha difundido ninguna licitación pública, bajo el argumento de que hace la adquisición de los materiales directamente a los fabricantes y sin intermediarios.
Pero casi nadie hace concursos: Fonatur ha dado por adjudicación directa el 92 por ciento de los contratos de este año para el Tren Maya; la Guardia Nacional el 70 por ciento para sus obras; Diconsa el 98.7 por ciento, Canal 11 el 98.2 por ciento…
De ahí que, en percepción de corrupción por parte de la ciudadanía, México se encuentre en la octava posición en el continente, por debajo de Uruguay, Chile, Costa Rica, Brasil, Perú, Argentina y Colombia.
No: no hay menos corrupción con la autollamada 4T.
