Francisco Garfias.
La masacre de 26 jóvenes en el centro de rehabilitación juvenil “Recuperando Vida”, ubicado en el municipio de Irapuato, Guanajuato, es reflejo de la acelerada descomposición que se vive en el país.
Las autoridades federal, estatal y municipal levantan el índice hacia grupos del crimen organizado, que han convertido ese estado en un polvorín, lo que no se vía desde la guerra de los cristeros.
Una fuente de alto nivel del gobierno de Guanajuato, vinculada a la estrategia de seguridad, nos dijo textual:
“Se maneja la posilidad de que haya sido el Cartel de Santa Rosa (del Marro) sobre el CJNG (del Mencho.) Al parecer ya están indentificados los vehículos. El caso está en que es zona de Jalisco. Podrían haberlos guardado allí. Algunos tenían antecedentes”.
Sobra decir que el combate al “huachicol”, que dejó a ese estado tres meses sin gasolina por el cierre del ducto, provocó que los criminales migraran hacia la extorsión, con el consecuente impacto en la población.
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Hay similitudes y diferencias en esa masacre con la de los 43 en septiembre del 2014. En ambos casos se trató de jóvenes a los que les quitó la vida el crimen organizado.
Los de Ayotzinaba era normalistas secuestrados por la Organización Guerreros Unidos, a la que pertenece El Mochomo. Los de Irapuato se rehabilitaban en ese anexo y los mató el cártel de Santa Rosa, que encabeza El Marro.
Las diferencias: Guanajuato lo gobierna el opositor PAN. Guerrero era territorio del mermado PRD. En de los 26, el gobierno federal lo encabeza López Obrador; en el de Iguala, el presidiente era Peña Nieto.
El priista se tardó en reaccionar. No politizó la masacre. López Obrador lo hizo de inmediato.
“Están mal las cosas en Guanajuato en cuanto a la impartición de justicia. Impera la violencia en el Estado”, dijo en la mañanera del 1º de julio:
Y más: “Les he comentado que todos los homicidios que se cometen en el país, del 15 al 18 por ciento, se llevan a cabo en Guanajuato. Es un asunto completamente atípico (…). Se dan casos como estas detenciones y luego que jueces liberan a los presuntos delincuentes, porque tardó en llegar la orden de cateo o la orden de aprehensión. Eso da motivo, pretexto para liberar a presuntos delincuentes”, acusó.
Ayer suavizó el tema: “No vamos a abandonar Guanajuato. Es una situación muy grave… No tiene que ver con políticas partidistas”, dijo.
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Buscamos a la comisionada de seguridad en Guanajuato, Sophia Huett. Calificó la postura del presidente “más política que de fondo”.
De pasada le puso un rayón a la Federación por no haber reclamado “ni como testigos” a la mamá y al papá de El Marro y los soltaron.
“No tienen tarjetas de investigación. Hay falta de interés”, subrayó
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Otro ejemplo de descomposición:
Hubo cohecho por varios millones de pesos a personal del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Estado de México, encabezado por María de los Ángeles Sánchez, para que decretara la liberación de El Mochomo.
Lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera. Lo confirmó la Fiscalía General de la República (FGR), horas después, en un comunicado.
José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, pertenece al Cártel de “Guerreros Unidos”. Es presunto autor intelectual de la desaparición de los 43.
De acuerdo con la nueva investigación del caso, se habrá de solicitar una nueva orden de aprehensión contra El Mochomo, quien ya fue arraigado de nuevo.
La SCJN tomó cartas en el asunto, anunció ayer el ministro presidente, Arturo Zaldívar.
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La cosa está tan fea que a la lista de amenazados por las bandas criminales se sumaron ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por no haber “jalado” con el CJNG.
Pero también la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Sospecha que es por la atracción del caso Giovani, ocurrido en Ixtlahuacán, Jalisco.
En la lista de amenazados ya estaban el canciller Marcelo Ebrard, el titular de la UIF, Santiago Nieto, el titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y herido García Harfuch.
Los criminales no le temen a la autoridad. Están muy a gusto con la estrategia “abrazos, no balazos”.
Sin ir mas lejos lo hemos visto en el Culiacanazo, en el Colimazo, con los asesinatos de la diputada Anel Bueno, por un lado, y del juez federal, Uriel Villegas y su esposa, por el otro.
Lo confirmamos en la CDMX con el atentado a García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, en las Lomas de Chapultepec.
FIN.
