Raúl Flores Martínez.
Vaya revuelo que generó la filtración a los medios de comunicación, la conversación telefónica entre Francelia Salgado Patiño, madre de José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo” con el abogado para el pago de millones de pesos al secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de México, Marco Aurelio González.
Un revuelo dentro del Consejo de la Judicatura Federal y Poder Judicial de la Federación, dónde es un secreto a voces que jueces, secretario de acuerdos e incluso funcionarios de este órgano de impartición de justicia, se han enriquecido a través del crimen organizado o con el pago de cuotas por obras que se han dado a constructores.
De acuerdo con la Información Filtrada de funcionarios de la FGR por orden Presidencial, se filtró la conversación a los medios de comunicación para exhibir la “corrupción” que se tiene en las filas del CJF y PJF.
Esta filtración es un golpe bajo para los ministros, jueces y funcionarios de los diversos juzgados del país, quienes deberán entender qué serán exhibidos por la actual administración cada vez que liberen a un delincuente que ha sido detenido y sea considerado una medalla para la 4T.
La corrupción dentro de la impartición de la justicia, es a nivel Federal y local; es decir, dentro del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México en el periodo del 2011 a 2019, se tiene, 13 jueces, 105 secretarios y 51 funcionarios públicos más que fueron castigados por faltas administrativas o por la comisión de algún ilícito.
La causa más común de sanción en los últimos nueve años fue el incumplimiento de Ley. La información pública disponible refiere que el 64 por ciento de las multas y castigos en contra de servidores públicos fue ocasionado por dicha razón.
Por otra parte, el Poder Judicial de la Federación ha documentado que durante los últimos años se tienen diversos casos contra jueces y magistrados relacionados con corrupción, colusión con la delincuencia organizada, nepotismo y acoso sexual.
De todas esas medidas, 15 jueces fueron destituidos e inhabilitados por haber cometido conductas graves. Tres inhabilitaciones y una destitución se emitieron en 2018, pero no todas han sido declaradas firmes.
Duro golpe a los impartidores de la ley a quienes, están exhibiendo con su corrupción, una corrupción que también se tiene dentro de los funcionarios que conceden de manera directa algunas licitaciones para construcción o remodelación de los edificios del Consejo de la Judicatura Federal, pero esa información, será dada a conocer más adelante.
