Ileana B. Hernández.
La rapera cubana Danay Suárez, cuatro veces nominada a los Premios Grammy y ganadora del Festival Viña del Mar 2017, será llevada a juicio por el activista Lgbt Alberto Roque Guerra, afiliado a la dictadura castrista.
¿El motivo? Un post compartido por la joven en su página de Facebook el 13 de junio de 2020. En él se alertaba sobre el avance del MAP (Minor Attracted Person), o movimiento pedófilo. El texto, firmado originalmente por Dayis Arizmendi, advertía sobre las similitudes entre los argumentos del lobby Lgbt y el MAP, fundamentados en el eslogan “amor es amor”.
“Tú criticas a tus padres y abuelos, y a quienes estamos en contra de todo lo que se opone al diseño perfecto de Dios para la familia, la única base firme que es capaz de dar soporte sólido a la sociedad. Nos llamas retrógrados y homofóbicos, porque nuestras ideas son ´de tiempos pasados´”, expresaba el post compartido por la artista evangélica.
“Bajo tu propio razonamiento, si dos personas se ´aman´, ¿por qué la pedofilia te causa tanta repulsión?”, ironizaba el texto. “Afirmaste que un homosexual no podía controlar sus deseos. Ahora el pedófilo argumentará lo mismo. ¿Lo vas a discriminar? ¿Lo vas a privar de amar y ser feliz?”.
El silogismo lógico provocó un alud de comentarios a favor y en contra, incluyendo amenazas de muerte desde el activismo homosexual y feminista radical cubanos. Los miembros y simpatizantes de esas corrientes de pensamiento se organizan bajo las direcciones del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), en el caso de los oficialistas, y la plataforma 11M, en el caso de los independientes.
Ambas concentraciones, de inspiración abiertamente marxista, han estado enfrentadas por su grado de reconocimiento desde el gobierno, aunque siguen objetivos similares. Pero ahora, la web de propaganda gay Tremenda Nota reconoció que los ataques contra Danay Suárez pudieran “acercar” a los dos grupos.
El activista oficialista Roque Guerra tramitó su denuncia contra la artista en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, por “ofender el honor”. En una publicación en Facebook, Roque Guerra dijo que había sido, para su trayectoria como activista, “un día importante”.
El Codigo Penal cubano establece sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientos a quinientos pesos cubanos.
Por su parte, el ambientalista gay Isbel Díaz Torres relativizó el tema de la pedofilia al punto de decir que “la discusión sobre la moralidad es eterna” y que “puede ser llevado a debate, desde la existencia de Dios hasta si la pedofilia puede ser aceptada socialmente”.
La resistencia a “los Antifa cubanos”
Varias voces se alzaron contra la arremetida, y llamaron a calmar los ánimos de la corrección política. El productor audiovisual Sandy Cancino, Premio del Festival Internacional de Televisión 2017, condenó el linchamiento social contra la rapera.
El youtuber Karlito Madrid rechazó la mala interpretación de algunos internautas -como el escritor Eric Flores Taylor- que creían que el post reproducido por Danay Suárez defendía la pedofilia, cuando en verdad lo atacaba.
Un editorial del consultado blog Religión en Revolución publicó: “Se han enfurecido con la sencilla y genuina artista cubana, y en acto de grosera intolerancia, la han atacado en las redes sociales usando todo tipo de descalificaciones, insolencias y suciedades. Amenazada con destruirle su carrera artística y menospreciada por tantos que han asumido que pueden, en un acto mezquino, cuestionar sus opiniones, destruir su bien ganada carrera artística y dar cuenta de su honra y reputación. Es un acto colectivo de linchamiento por las ideas que ha expresado”.
“Los intolerantes, los Antifa cubanos, los canallas de siempre le atacan –continuó el editorial-. Esto lo hacen sobre todo en y desde Cuba. ¿Estamos los cubanos preparados para la libertad y el decoro? No. ¿Estamos preparado para el libre juego de las ideas? No. ¿Estamos preparados para la libertad de opinión y de expresión? No. Entonces preparemos para seguir viviendo en Dictadura”.
El colectivo Lgbt acusó también a Danay Suárez de “fundamentalismo religioso”, por defender su visión como cristiana del matrimonio como una institución entre personas de distinto sexo. La etiqueta ha sido usada como arma para descrédito político por la nueva izquierda cubana contra todo creyente que se pronuncie a favor de la concepción bíblica de las uniones de pareja.
Un artículo de la web de filosofía La Tizza llamó a realizar un análisis crítico y desprejuiciado del uso de esa etiqueta. “Hay que delimitar con estudios de caso mucho más responsables, si se tratan o no de actitudes fundamentalistas todas aquellas que impugnan el llamado matrimonio igualitario o la ideología de género, cuando estamos ante un asunto tan sensible para esas comunidades (las cristianas), en el orden de la aprehensión de lo moral”, subrayó.
Al posicionamiento público de las Iglesias evangélicas contra la introducción de la ideología de género en la Constitución de 2019 se sumaron ciudadanos católicos, de religiones afrocubanas (como los abakuá), islamistas e incluso ateos y agnósticos. No obstante, el liderazgo evangélico fue el que más ataques recibió. La comunidad cristiana protagonizó la más importante movilización ciudadana pacífica contra una propuesta gubernamental.
Eso le costó detenciones, prohibiciones de salir del país e interrogatorios y amenazas a varios pastores. Los medios de prensa independientes en Cuba, en su mayoría afines a una agenda socialista, atizaron el debate con titulares que crean una sensación de guerra entre los creyentes y la comunidad Lgbt.
Los ataques desde ese grupo hacia los ciudadanos cristianos ya tienen una espeluznante data que incluye asesinato social, despidos y ahora un juicio a la rapera Danay Suárez.
Un peligroso movimiento totalitario dentro del totalitarismo cubano
La dictadura de la corrección política cubana ya empieza a perfilarse como un movimiento embelesado con el poder del súper estado castrista. El lobby feminista y Lgbt, como en otros países de la región, pretende victimizarse para usar la fuerza del Estado (tribunales, leyes, prensa) y castigar a quien disienta de la nueva moral que pretenden implantar.
Además del escrache en redes sociales, ya el lobby de la corrección política tiene sus primeras víctimas. No es de extrañar que, como en la Revolución de 1959, vayan tras los religiosos.
En 2019, uno de los casos más sonados fue la expulsión del grupo de clowns Los Parchís del escenario donde actuaban para niños de la comunidad Limonar, provincia de Matanzas. El activista Lgbt Yaudel Cepero usó a la delegación local del Partido Comunista para que los cuatro actores perdieran su empleo. ¿El delito? Emplear canciones y diálogos de contenido cristiano en sus presentaciones.
Pasarían semanas para, tras una reclamación formal, recuperar su única fuente de ingresos en ese momento.
Otro antecedente fue la campaña de descrédito contra el productor audiovisual Sandy Cancino, quien se pronunció contra varios artículos de la constitución comunista de 2019, entre ellos el 68, que legalizaba el matrimonio gay.
Varios perfiles de Facebook adscritos al activismo Lgbt produjeron los ataques contra la dignidad de Cancino y su familia, y medios de comunicación independientes los secundaron. La revista El Estornudo, por ejemplo, publicó un reportaje en el que se hizo eco de rumores sobre la sexualidad de uno de los hijos de Cancino. A pesar de la falta ética, el autor del material recién fue promovido como columnista del diario estadounidense Washington Post.
En 2019 el activista gay Roberto Ramos Mori, conocido por sus constantes mensajes de odio a través de redes sociales, aprobó el encarcelamiento de dos pastores evangélicos por el régimen de La Habana en la provincia de Guantánamo.
En 2018 el trovador Ariel Díaz y el reportero comunista Francisco Rodríguez Cruz pidieron desde las redes sociales aplicar el odiado Decreto Ley 349 contra cristianos que manifestaran su opinión sobre el Artículo 68 previos a la aprobación de la nueva constitución. El Decreto Ley 349, que trataba de controlar la libertad de expresión a través de las manifestaciones artísticas, fue masivamente rechazado por artistas cubanos.
Pero esta no fue la única vez que un activista gay o sus simpatizantes pidieron usar la fuerza del súper estado cubano contra la libertad de opinión. En julio de 2018 la articulista Susana Hernández pidió que la persona que tuviera otra visión de la sociedad distinta a la de la nueva moral Lgbt no pudieran manifestarlo libre y públicamente, sino “donde nadie lo escuche”.
Un analista cubano que pidió no revelar su nombre advirtió que “en una posible transición a la democracia pudiera fungir como un grupo con el cual la dictadura se anime a dialogar, debido a las tendencias marxistoides de plataformas como 11M o en medios no estatales como Periodismo de Barrio o El Toque, abiertamente socialistas”.
“El único país del mundo con bares gays administrados por el Estado”
El activismo Lgbt cubano está fuertemente subvencionado por la tiranía comunista. A ese movimiento original estuvo vinculada casi la totalidad de los que ahora se llaman independientes.
Entre 2008 y 2018, década en que gobernó Raúl Castro, el colectivo gay accedió a los medios de comunicación, recibió fondos del Ministerio de Salud Pública para gigantes campañas promocionales, e incluso tomó año tras año la Avenida 23, principal avenida habanera, para desplegar un desfile.
Estos mismos derechos les son negados a activistas políticos de oposición o a instituciones debidamente registradas en el país como las propias iglesias.
El apadrinamiento desde el castrismo llega a tal punto que el diario New York Times reconoció en un artículo, el cambio del Estado comunista de represor a patrono del movimiento gay en la isla. “Algo único en la historia de la homosexualidad –se asombraba el articulista- Hoy Cuba es el único país del mundo con bares gays administrados por el Estado”.
