Ciudad de México.- Uno de cada tres guardias asignados a los reclusorios de la Ciudad de México —los de mayor población del país— no deberían estar haciendo ese trabajo, pues no cumplen con un requisito básico que la ley contempla para cualquier elemento de seguridad: tener una certificación aprobada y vigente que pruebe que son confiables.
Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que la capital contaba al arranque del año con 3 mil 784 elementos de prevención y readaptación social en activo, que son los asignados a los penales. Entre ellos estaban los ocho custodios del Reclusorio Sur ahora suspendidos por su posible participación en la fuga de tres internos del Cártel de Sinaloa.
Pero del estado total de fuerza, hay 1 mil 277 custodios (33.7%) que carecen de la certificación vigente que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla para comprobar que son confiables, y que es un requisito básico para permanecer en el cargo.
Esta certificación se obtiene tras superar una batería de diversas pruebas que incluye desde exámenes de entorno socioeconómico de los elementos, hasta pruebas toxicológicas, físicas y de polígrafo.
De los elementos cuestionados, hay 378 que de plano reprobaron el control de confianza y ya tendrían que haber sido despedidos definitivamente. Equivalen al 10% de todos los custodios penitenciarios con los que se cuenta.
Por otro lado, hay 3 mil 330 custodios que originalmente aprobaron el proceso de evaluación, sin embargo, 899 de ellos —que equivalen al 27%— ya tienen el certificado caduco y por lo tanto tendrían que haber sido reevaluados. Y es que la ley contempla que la certificación debe renovarse cada dos años para que un elemento pueda permanecer en el puesto.
Animal Político preguntó a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del gobierno capitalino el motivo por el cual estos custodios continúan trabajando sin cumplir con la certificación que marca la ley, y también si los elementos suspendidos por la fuga de los reos contaban con control de confianza aprobado y vigente. Hasta el cierre de esta nota se continuaba revisando la información para poder proporcionar una respuesta.
Datos oficiales de la Subsecretaría señalan que al cierre del año pasado había 24 mil 702 personas privadas de la libertad en 13 centros penitenciarios, de los cuales 21 mil 977 son del fuero común y 2 mil 725 del fuero federal.
Ningún reclusorio de la ciudad es de máxima seguridad ni cuenta con condiciones óptimas para albergar a reos federales. La situación es particularmente crítica en los reclusorios Norte y Oriente que padecen de una sobrepoblación de 15 y 33% respectivamente.
Fuente: Animal Político / Arturo Angel
