México.- El nuevo etiquetado para alimentos y bebidas no alcóholicas preenvasados, aprobado el viernes por comités consultivos de la Secretaría de Salud (Ssa) y Economía (SE), es similar al modelo chileno porque incluye octágonos negros como advertencia sobre el contenido de azúcares, grasas trans y saturadas, sodio y calorías, pero la diferencia es que se cambió la palabra “alto” por “exceso” en dichos ingredientes.
Además se agregaron dos leyendas específicas en productos con edulcorantes y cafeína para que digan “no apto para niños”, detalló Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor (EPC).
Todavía no se determina cuándo entrara en vigor.
Frente a las quejas de la industria sobre el tiempo que les llevará adoptar el nuevo etiquetado y los costos que implica, Calvillo comentó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera seis meses como plazo mínimo para realizar los cambios. Muchas veces éstos se reducen, durante la primera fase del proceso, “en pegar una calcomanía adicional” a las etiquetas que ya tienen los productos, como sucede con la mercancía importada, dijo.
Insistió en que prácticamente todos los cambios fueron aprobados por consenso en los comités consultivos nacional de normalización de la SE y el de regulación y fomento sanitario de la Comisión Federal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependiente de la Ssa.
“Lo que pasa es que no están acostumbrados a procesos democráticos porque en el anterior etiquetado lo estableció el sector privado en contubernio con las autoridades, pero ahora se tuvieron que sentar como un sector más”, afirmó.
Cavillo dijo que la industria proponía fabricar presentaciones de sus productos o “minichatarras” y evitar que en éstas se aplicaran los sellos negros, con el argumento que no contenían la misma cantidad de los ingredientes críticos que en sus presentaciones usuales, pero el planteamiento fue rechazado.
El director de EPC negó también que se violen tratados comerciales internacionales porque estos mismos establecen que todo país tiene derecho a establecer sus propias políticas de salud pública.
La Jornada / Susana González G.
