Ciudad de México.- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) Manuel Horacio Cavazos López enfrenta una denuncia por violencia sexual contra sus hijas de 5 y 7 años, interpuesta el pasado 23 de septiembre.
A pesar de que en la carpeta de investigación hay pruebas periciales médicas, valoraciones psicológicas, declaraciones de las niñas ante el Ministerio Público y psicólogos especializados, y audios en los que narran a su mamá las presuntas agresiones, el caso no ha sido judicializado en cuatro meses. El magistrado, de la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales, está a punto de ser ratificado como impartidor de justicia de forma vitalicia, junto con otros siete magistrados, entre los que también se encuentra el que liberó al exmarido y sospechoso del feminicidio de Abril Pérez Sagón.
Animal Político tuvo acceso a la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/1927/09-2019, abierta ante la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (hoy Fiscalía). Por respeto a las víctimas, no se reproducirán las declaraciones en las que las niñas, con sus palabras, describen lo que su papá les hacía.
En una audiencia realizada el pasado 17 de enero, se dieron 10 días al Ministerio Público para determinar si hay elementos suficientes para llevar el caso ante un juez o si se cierra.
En caso de que sí se judicialice, el delito del que se acusa a Cavazos ameritaría prisión preventiva, es decir, seguir su juicio desde la cárcel, y de ser encontrado culpable, se castiga con ocho a 20 años de cárcel cuando es a menores de edad, pena que aumentará en dos terceras partes si hay parentesco, además de perder la patria potestad, según el artículo 181 bis y ter del Código Penal de la Ciudad de México.
Las niñas han tenido varias sesiones psicoterapéuticas ante el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), que reportó que la hija mayor muestra evasión, ansiedad y angustia al hablar sobre una posible agresión sexual, y en la menor “se identifica ansiedad, enojo, miedo, tristeza y confusión, sintomatología asociada a víctimas de agresión sexual”.
Aunque el CTA es un organismo público de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, sus informes no cuentan como peritajes. En cambio, el peritaje psicológico que sí se realizó el mismo día de la denuncia a la hija mayor llama la atención porque da por cierto el hecho denunciado, aunque dice que no fue percibido como una agresión cuando sucedió.
“(La víctima) no presenta afectación psicológica compatible a la presentada por personas que han sido agredidas sexualmente como consecuencia de los hechos que denuncia, si bien el evento es sorpresivo, súbito, la menor de edad no le proporciona una connotación negativa hasta el momento de la revelación”, señala.
También dice en las conclusiones que no hay cambios en el comportamiento de la niña ni síntomas físicos, como pueden ser jaquecas o dolores estomacales. Sin embargo, entre las pruebas presentadas en el caso hay un reporte de la escuela que muestra que en agosto pasado, apenas al volver a clases después de las vacaciones, acudió varias veces a la enfermería porque tenía dolores de cabeza.
El expediente contiene un peritaje médico que refiere que el examen ginecológico encontró una laceración “compatible con manipuleo o rascado producida por el borde libre de las uñas, por un mecanismo de fricción”.
Tras la demanda, la madre solicitó al juez de lo familiar decimoquinto, que llevó el caso de divorcio en abril de 2019, que suspendiera legalmente las convivencias del padre con las hijas, pero hasta la fecha, no se ha pronunciado y fue un juez federal quien lo ordenó.
Además, hay audios de las niñas contando lo que pasaba cuando veían a su papá, pero ni la MP que investiga la agresión sexual ni el juez que decide las convivencias familiares las han tomado en cuenta como prueba.
A pesar de estar demandado, el padre de las niñas no declaró nada sobre la acusación durante más de dos meses, hasta que el 5 de diciembre presentó un escrito de 200 páginas en el que se enfoca, sobre todo, en descalificar lo dicho por su hija en esos audios que las autoridades se han resistido a analizar.
“Es evidente que lo que se escucha en esta plática representa un repaso de la información previamente implantada por la hoy denunciante en la mente de la menor”, señala el papá, en referencia a la mamá.
En cuatro meses sin avances en el caso, organizaciones sociales y hasta políticos han apoyado que se actúe para proteger a las niñas.
El 10 de diciembre pasado, 67 diputados y diputadas federales de todos los partidos firmaron una carta dirigida a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con copia a la fiscal, Ernestina Godoy, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, para exponerles que existe una denuncia por delitos sexuales contra el magistrado Cavazos y pidiendo que se resuelva con estricto apego a derecho.
“Este caso, tan grave como muchos otros, adquiere mayor relevancia a partir que se trata de delitos en contra de personas menores de edad, pero además reviste ciertas peculiaridades. El agresor es padre de las niñas y además, integrante del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, como Magistrado en materia penal y hasta hace unos días Especializado en Ejecución de Sanciones.
“La combinación de factores citados potencializa la posibilidad de fenómenos como el tráfico de influencia, retardo en el dictado de medidas de protección, sin explicaciones para las víctimas”, señaló el texto firmado por legisladoras como Adriana Dávila, del PAN, Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, y Tatiana Clouthier, de Morena.
El 25 de noviembre, que se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, más de 50 representantes de organizaciones sociales enviaron una carta al juez decimoquinto de lo familiar para pedir que se suspendiera el régimen de convivencia entre padre e hijas y “atendiendo a la evidente desigualdad de poder que existe por ser el papá Magistrado de este Tribunal y probable responsable de delitos sexuales cometidos en su contra, (el caso) sea llevado con la mayor diligencia e imparcialidad”.
Entre los firmantes están la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), reconocida por su trabajo con niños víctimas de violencia sexual; el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; o Mariclaire Acosta, defensora de derechos humanos.
Pero con todo y esos exhortos, inició el proceso de ratificación de magistrados entre los que está Cavazos. Hace una semana, el 15 de enero, el Consejo de la Judicatura local publicó un aviso de que como parte del procedimiento, se abrían tres días para recibir opiniones sobre los funcionarios a confirmar en el cargo.
El proceso y las opiniones recibidas no son públicas, pero Animal Político pudo confirmar que llegó al menos una carta con opinión negativa para Cavazos, emitida por la Red nacional de organismos de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
En ella se expuso que el magistrado no cumple con los elementos necesarios de honorabilidad para ser un juzgador, y además del caso de denuncia de violencia sexual, se mencionan señalamientos de violación a derechos laborales, parcialidad al favorecer a partes en juicios y permitir la impunidad, para lo cual citó notas periodísticas de 2007, cuando fue el primer juez que tuvo en sus manos el caso de corrupción de Carlos Ahumada, fue removido y después se absolvió al empresario.
Cavazos inició su trayectoria en 1997 como Secretario Técnico del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en 2005 fue designado Juez adscrito al juzgado decimosegundo, en 2007 fue cambiado al juzgado sexagésimo segundo en materia penal y en 2008 al juzgado sexagésimo noveno de la misma materia. En 2010 fue comisionado a la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas Constitucionales en materia penal, hasta que en 2014 fue nombrado magistrado durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Por ley, a los cinco años los magistrados deben ser ratificados en el cargo, que entonces ocuparán hasta los 70 años de edad.
El Consejo de la Judicatura no informó de cuándo será la ratificación o rechazo de los magistrados, que se hace ante el Congreso de la Ciudad y podría ocurrir en los próximos días, mientras se decide también si Cavazos es vinculado a proceso o no.
Animal Político buscó al magistrado Cavazos para conocer su versión sobre la denuncia en su contra mediante correos electrónicos y llamadas a su oficina, donde aseguraron haberle informado, pero no hubo respuesta. Comunicación Social del Tribunal Superior respondió que el organismo no tenía una postura institucional ya que la denuncia es por actos cometidos fuera de su encargo, así que era un tema privado.
Animal Político
