México.- El municipio mexicano de Tlahuelilpan acaparó el 18 de enero de 2019 la atención de todo el país por una explosión en un oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que dejó 137 muertos, una tragedia sin precedentes cuya gestión sigue en entredicho.
El Presidente Municipal de la localidad, Juan Pedro Cruz Frías, reconoció un año después del desastre que el único apoyo que han recibido las víctimas y sus familiares son “algunas becas” por parte del Gobierno de céntrico estado de Hidalgo y también se han beneficiado de algunos programas sociales del Ejecutivo federal.
Además, Cruz admitió en entrevista con EFE que “algunas personas no han recibido el apoyo como debería de haber sido” y lamentó el futuro de los niños que perdieron a sus padres en esa toma clandestina de Pemex que reventó por causas que aún se desconocen.
La explosión se produjo cuando centenares de vecinos aprovechaban una fuga en un oleoducto para sustraer gasolina, justo después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera declarado el combate frontal contra esta práctica.
En 2018, según el Gobierno, los huachicoleros, como se conoce a los ladrones de combustible, hurtaron lo equivalente a 20 millones de barriles de petróleo anualmente, mientras que en 2019 ese número se redujo a poco más de 1.8 millones, según cifras oficiales.
“Yo, como Presidente Municipal, negué desde el principio que Tlahuelilpan haya sido un municipio huachicolero. Definitivamente, no. Se ha distinguido por ser un pueblo trabajador”, insistió Cruz sobre la actuación de sus ciudadanos el día del accidente.
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