Francisco Garfias.
Miguel Ángel Vásquez Reyes, hombre poderoso en tiempos Miguel Mancera como Jefe de Gobierno, fue detenido el 12 de diciembre en la Ciudad de México por ejercicio indebido de la función pública y uso ilegal de atribuciones.
El hombre traía un amparo. Lo hizo valer. Es del dominio público que los elementos de la procuraduría capitalina lo tuvieron que liberar.
Pero hay un dato que no se sabe. Vásquez nos cuenta que apenas lo detuvieron, le marcó de su celular a la recién nombrada fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy. Llamada breve, pero substanciosa.
Luego de recordarle lo bien que se conocían, le preguntó a la funcionaria si se iba estrenar en el cargo violando la suspensión provisional de un amparo en trámite.
¿Resultado? Abortaron el operativo.
Vásquez Reyes fue subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas del anterior gobierno capitalino. Se le señala como promotor de al menos 32 mil plazas, en beneficio, principalmente, de empleados de limpia, lo cual también se prestó a la contratación de aviadores (La Jornada, 13 de diciembre). Se le acusa también de nepotismo.
Hablamos con él. Dice que ya la revisaron todo “y no encontraron nada”. La mismísima UIF escaneó sus cuentas sin éxito. Está convencido de que Claudia Sheinbaum lo persigue “por instrucciones” de Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia.
Vásquez, quien presume haber estado cerca de López Obrador en el pasado, anda ya en otras tareas: lograr el registro de “Somos” como partido de la Ciudad de México. Afirma que lleva 15 asambleas de las 11 que se requieren y que ya suma 53 mil afiliaciones.
Las cajas con los documentos que prueban sus dichos ya las resguarda el Instituto Electoral de la CDMX.
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Va el dato: El SAT pierde casi el 50 por ciento de los juicios que tienen lugar en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Motivo? Las carpetas que manda van muy mal integradas, según fuentes del propio tribunal.
El tema no es nuevo. Lleva años. Tuvimos acceso a datos del total de asuntos por sentenciar en el TFJA hasta febrero del 2015. De 15 mil 473 casos, el 27 por ciento correspondían al SAT con un valor aproximado de 67 mil millones de pesos. De esa cantidad, perdió casos por más de 30 mil millones.
Las fuentes nos dicen que el 2019 no pinta mejor para el SAT.
Hay otro tema. El de las famosas condonaciones que tanto denuncia la 4T.
Las mismas fuentes explican: para que un el TFJA abra un juicio, el particular debe depositar la cantidad equivalente al crédito fiscal –así le llaman— que le reclama el SAT.
Allí brincó el nombre de Aristóteles Núñez, titular de ese órgano descentralizado en tiempos de Peña Nieto. Se le “ocurrió” ofrecer, en los casos donde se perfilaba que perdería el juicio, que el particular pagara sólo el 20 por ciento de lo reclamando, a fin de recuperar algo.
El particular recuperaba la garantía depositada y solo pagaba la quinta parte del monto. “Cancelación no es condonación”, subrayó la fuente, apoyada en el articulo 146 A del Código Fiscal de la Federación.
Este artículo autoriza a la SHCP a cancelar créditos fiscales por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor.
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¿Se acuerdan de la carta de AMLO en la que prohibía a los funcionarios utilizar bienes, imágenes, programas sociales para hacer campaña política?
Al parecer no la leyeron los 14 súper delegados de Morena, 22 subdelegados regionales y 7 Servidores de la Nación a los que el TEPJF responsabilizó de violar el Artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos con elementos de promoción personalizada.
En la misiva, el Presidente advirtió a funcionarios que el fraude electoral ya está tipificado como delito grave.
En el PRD celebran que el Tribunal se haya atrevido a fincar responsabilidad a los superdelegados de Morena, pero va a impugnar porque simultáneamente hubo “exoneraciones indebidas”: El Presidente; la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores; y el Coordinador de los Servidores de la Nación, Gabriel García.
FIN
