Francisco Garfias.
A pesar de la aparente resistencia del presidente López Obrador a enjuiciar a ex presidentes, ayer trascendió que Enrique Peña Nieto ya es investigado por la Fiscalía General de la República.
Fue otra vez el medio estadounidense “Wall Street Journal” el que obtuvo la “exclusiva” de la investigación “como parte del más alto perfil de corrupción en años”.
El autor del texto, José de Córdoba, corresponsal en México, cita como fuente a un “alto funcionario judicial mexicano”.
El funcionario vincula la averiguación contra el ex presidente al caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, arrestado la semana pasada en España por recibir “millones de dólares” en sobornos.
“La oficina del fiscal general (Alejandro Gertz Manero) tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel”, aseguró el alto funcionario citado por el WSJ.
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López Obrador, por cierto, envió una iniciativa al Congreso para que el Jefe de la Nación pueda ser enjuiciado como cualquier ciudadano. Fue aprobada en San Lázaro, pero le hicieron cambios en el Senado que la Cámara de Diputados no aceptó.
Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, nos dijo anoche que el presidente volvió a mandar una iniciativa similar apenas hace dos días.
La diputada del PAN está convencida que va a salir en este período de sesiones. “Es prioridad de Morena y la oposición no tiene ningún problema con ese tema”, puntualizó.
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Alfonso Ramírez Cuellar tendrá que esperar hasta el próximo miércoles para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dé por buena su elección como presidente de Morena, por cuatro meses.
Es una presidencia interina. Su encargo es organizar las elecciones internas para una dirigencia nacional definitiva. Nada más. No puede ser presidente y candidato a la presidencia del partido al mismo tiempo.
La sesión del Tribunal estaba programada para el día de ayer. Se pospuso una semana debido a que llegaron nuevos expedientes de militantes de ese partido.
En el TEPJF quieren revisar todos los recursos y quejas que se han acumulado en forma “exhaustiva e integral”. Por eso el retraso.
Sabemos que Yeidkol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta de Morena, se presentó ayer en la sede Tribunal para hacer presión a favor de su causa.
Esfuerzo inútil. El magistrado ponente, Indalfer Infante, propone validar la legalidad del Congreso Nacional Extraordinario, que eligió a Ramírez Cuellar como presidente interino.
Alfonso, hay que decirlo, también visitó el TEPJF la semana pasada. En el Tribunal, sin embargo, aseveran que no aceptarán ningún tipo de presiones políticas.
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Luisa María Alcalde, titular de Trabajo, dejó ayer claro algo que no entienden los radicales de Morena. Habrá regulación y control de abusos en materia de subcontratación, pero no la eliminación del “outsourcing”.
Alcalde formuló su postura en la inauguración del “parlamento abierto”, organizado en San Lázaro por el diputado Manuel Baldenegro, presidente de la Comisión de Trabajo.
En la industria del “outsourcing” celebran. Elías Micha, director de la Asociación Nacional en Capital Humano, y Javier Treviño, del CCE, advirtieron que sobrerregular el sector equivaldría a agravar la incertidumbre, la informalidad y el desempleo.
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La propuesta del diputado de Morena, Miguel Ángel Jáuregui, se imprimió en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Baja. Se trata de una reforma a la Ley Orgánica de la UNAM.
La intención es modificar el método de elección del Rector y los directores de facultades. Jáuregui propone que sean electos en forma libre y directa por los estudiantes.
Morena ya se deslindó. Sabe que es jugar con fuego. Las posibilidades de manipular a los estudiantes por parte de organizaciones y partidos serían enormes.
En CU también reaccionaron. El rector Enrique Graue sacó un comunicado en el que manifiesta ”rechazo absoluto” a esta “intromisión” en la vida universitaria. Advierte, ni más ni menos, que se trata de “un intento por desestabilizar la vida universitaria…”.
¡Aguas!
FIN
