Marissa Rivera.
Ingrid Escamilla ya había denunciado a su esposo por violencia. El amor, el miedo, no sabemos qué haya sido, pero ella le dio una oportunidad. El fin de semana pasado fue salvajemente asesinada.
Él de 46, ella de 25 años. Sin ningún remordimiento, Erick Francisco narró la forma tan despiadada de cómo mató y desolló a su pareja. Le clavó un cuchillo en el cuello, luego la cortó en pedazos, para arrojar partes del cuerpo al drenaje y en la calle.
La frialdad con la que lo cuenta en un video, es inaudita. Pero ese es uno de los rostros de la violencia contra las mujeres. Ante esta barbarie, el panorama es desolador. Hoy, 10 mujeres serán asesinadas, mañana también. Eso ocurre todos los días en México.
El de Ingrid es uno de miles de casos deleznables que ocurren en nuestro país. El nivel de violencia no tiene límites. Además, la bajeza de quienes tomaron fotos del cuerpo de Ingrid y las circularon en redes sociales, también debe ser castigada.
De 2015 a la fecha, los feminicidios han aumentado un 137 por ciento. El 99 por ciento queda impune.
¿Después del brutal asesinato de Ingrid, qué más deberá ocurrir para que las autoridades dejen la indolencia y actúen?
Tratar al feminicidio como un asunto meramente político, es un lamentable retroceso.
A todos los funcionarios de todos los niveles y de todos los partidos, aparentemente les importa el tema, pero nadie ha puesto el dedo en la llaga. El horror crece cada día.
Las autoridades son omisas, sus discursos estériles y sus buenos deseos, no resuelven nada. Y no solo crecen las cifras, sino también la crueldad con que son asesinadas y violentadas las mujeres.
Ese mismo lunes que nos enteramos de la noticia, en la mañanera se anunciaba la recuperación de 2 mil millones de pesos que irán al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado. La foto con cheque en mano “es histórica”, comentó el presidente López Obrador.
Pero más histórico sería que parte de ese dinero se destinará para enfrentar la violencia contra las mujeres. Para las casas de refugio de mujeres víctimas de violencia, por ejemplo. El cierre dejaría a cientos o miles de mujeres vulnerables, que junto con sus hijos, huyen de una pareja violenta.
En los últimos días la propuesta del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el feminicidio de los códigos penales, había provocado debate e indignación.
Según él, las siete condiciones para tipificar este delito, complican su judicialización. Si se persiguiera como homicidio con agravante, la penalidad sería de 40 a 70 años de cárcel.
Y es que el Código Penal Federal establece 7 condicionantes para que el asesinato de una mujer sea considerado feminicidio, cuando: existió una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el atacante y la víctima; hay antecedentes de violencia; hubo amenazas, acoso o lesiones; la víctima fue incomunicada; violencia sexual; tiene lesiones o mutilaciones degradantes o el cuerpo de la víctima fue exhibido en lugar público. Además, está tipificado de manera diferente en los 32 códigos estatales.
El fiscal dijo que “intencionalmente” se malinterpretó su propuesta porque no pretende desaparecer la figura del feminicidio. Incluso ya acordó con diputadas trabajar en conjunto para presentar una propuesta de reforma al artículo 323 del Código penal para que el feminicidio sea considerado por una sola razón de género y no por las siete que establece dicho código.
Más allá de declaraciones y posturas ideológicas y políticas, se requieren políticas públicas que frenen el preocupante crecimiento de los feminicidios. Es obligación del Estado garantizar la seguridad de las mujeres.
Qué bueno que Gertz Manero dejó claro que su intención no es desaparecer el feminicidio, hacerlo sería invisibilizar la violencia de odio contra las mujeres.
