Rubén Cortés.
Abrazo con cariño para mi querido Pablo Hiriart,
por la muerte de su mamá
Es sólo un derecho de papel el blindaje constitucional de los subsidios del gobierno en un México donde la 4T se comió en 15 meses los ahorros de 19 años para tiempos de crisis, porque gasta dinero público en elefantes blancos como un tren en la selva y una refinería en un manglar, e inhibe la inversión privada.
Aún así, la Cámara de Diputados aprobó el lunes que los principales programas sociales de la actual administración sean ley, y que su presupuesto no se podrá reducir jamás. Como dice la canción: “No tengo jardín pero ya compré una podadora”.
Pero el diputado Porfirio Muñoz Ledo, aún en su posición de diputado oficialista, fue bateado en una propuesta de puro sentido común: que entonces el gobierno adopte medidas para generar el máximo de recursos y pueda asumir esos gastos.
Simple: que el gobierno no hubiera suspendido el NAIM después de que la empresa privada había invertido 13 mil millones de dólares y estaba construido en un 30 por ciento, y no siga tirando lana por tener en tierra el avión presidencial, por el cual sigue pagando.
O que deje de espantar a los empresarios como con la consulta popular, sin reglas ni garantía alguna, que realizará en Mexicali para tirar una planta de cerveza nacional en la que han invertido ya mil 400 millones de dólares y tiene 70 por ciento de construcción.
Sí: es de una hermosura bucólica ese Estado de Bienestar asentado en la Constitución. Sin embargo, la realidad puede ser peor para millones de mexicanos esperanzados durante dos décadas de promesas populistas. Porque lo que es lana, no hay, eh.
Como sea, los apoyos por ley son para el Sistema Gratuito de Salud (170 mil 286 millones de pesos), Pensión de Adultos Mayores (129 mil 350 millones), Becas (71 mil 410 millones) y Apoyo a Discapacitados (14 mil 196 millones).
Sin contar que a los ninis de Jóvenes Construyendo el Futuro les pagan tres mil 700 pesos mensuales al año por capacitarse en tortillerías, tiendas de abarrotes, papelerías, fondas, pollerías y cafeterías, según el portal de la Secretaría del Trabajo.
Además, al finalizar ese año les dan un crédito de 20 mil pesos, en préstamos sin buró de crédito, mientras que, por ejemplo, en tiempos del Covid-19, el Estado le paga un médico residente apenas mil pesos al mes.
Todo eso, en un México donde la economía no creció en 2019 ni crecerá en el 2020 (porque ya le hicieron más de veinte recortes a la expectativa) pero, en cambio, tiene un gobierno identificado como enemigo del capital privado.
Ah, pero hace ley el regalo de dinero.
