México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, propuso que las escuelas de educación básica se puedan convertir en un “refugio, que sean una defensa, un albergue, una instancia a la que la mujer pueda acudir cuando se sienta violentada”, donde sean las maestras las que “ofrezcan su mano solidaria a las mujeres agredidas”.
En un mensaje ante cientos de profesoras reunidas en el Centro Cultural del México Contemporáneo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la funcionaria federal llamó a las educadoras a dar el “respaldo solidario y la orientación efectiva” a las mujeres que sufren de violencia de género.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Sánchez Cordero afirmó que las escuelas públicas “pueden llegar a ser una instancia sumamente importante para frenar la violencia, que en algunas ocasiones se convierte en un espiral que llega hasta el crimen horrendo del feminicidio”.
La propuesta, que fue aceptada por el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, será presentada también al secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, como un compromiso de la titular de la Secretaría de Gobernación.
Por su parte, en entrevista, Cepeda Salas, destacó que el gremio magisterial apoyará la iniciativa, que podría incluir, dijo, el generar espacios para la permanencia de mujeres que enfrenten violencia de género, aunque admitió que será una medida que se deberá tomar en consenso con los padres de familia.
El líder magisterial, quien suscribió 10 compromisos para impulsar la equidad de género al interior del sindicato, combatir la violencia y la discriminación, destacó que “es una propuesta que nosotros estamos apoyando, pero habría que analizar cómo se implementa y con qué recursos”.
En cuanto a los bloqueos de vías férreas por grupos magisteriales disidentes, insistió en que se trata de grupos “muy minoritarios”, y aseguró que el nuevo reglamento de elecciones de las directivas seccionales “fue elaborado en un proceso de 9 meses, con 19 borradores, y con la intervención de dos despachos especializados, uno en derecho laboral, y otro en legislación electoral”.
La Jornada / Laura Poy Solano
