Francisco Garfias.
De la congeladora sacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Acción de Inconstitucionalidad 150/2017, presentada hace más de dos años por senadores del PRD, en contra de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Será discutida por el máximo tribunal el próximo martes y, de aprobarse, volveríamos al esquema de los “lineamientos” a los medios por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Los medios se verían obligados a distinguir con claridad la información noticiosa, de la opinión de quien la presenta.
El argumento es que la reforma que echó abajo los citados “lineamientos” suprimió el derecho de las audiencias de recibir información “imparcial, veraz y oportuna”.
El documento cuestiona también que la reforma controvertida faculte a los concesionarios a designar libremente al defensor de las audiencias, sin intervención alguna del IFT.
“Se eliminaron derechos que asistían a las audiencias en beneficio de los concesionarios, al eliminar las facultades del Instituto para regular a los concesionarios respecto de sus contenidos”, subraya el documento.
Pero además, los autores de la Acción de Inconstitucionalidad critican que se le hayan quitado facultades al Instituto para aplicar la sanción de “suspensión precautoria de transmisiones”.
Otro elemento que pondera el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, es que la citada reforma que derogó los lineamientos no fue publicada con 24 horas de anticipación, como marca la Ley, y que los senadores no conocieron el dictamen 12 horas antes de que se presentara al Pleno.
Sabemos que la SCJN quiere mandar un mensaje al legislador de que no se pueden brincar los procedimientos, sin afrontar consecuencias. Ayer fueron el PRI y sus aliados los que se acomodaron a las necesidades del gobierno; hoy puede ser Morena.
No parece muy oportuno que en estos tiempos de la 4T se restablezcan facultades para dar “lineamientos” a los medios. No tengo duda que se multiplicarán las suspicacias y surgirán preguntas ¿Por qué ahora que la sociedad está tan polarizada?
A usted las conclusiones lector.
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Pareciera que el Director General de Normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo, no ha escuchado el mensaje presidencial de que en la 4T “somos diferentes”.
Cuando estamos a punto de celebrar el Día Internacional de la Mujer y está convocado el paro nacional “Un Día sin Mujeres”, el funcionario amenazó a la jueza Laura Gutiérrez Romo.
Fuentes consultadas por el reportero aseguran que el funcionario le dijo que si no cambia la decisión que detuvo el proceso de etiquetado de los alimentos, como herramienta para proteger la salud, mejor que se olvide de su carrera en el Poder Judicial.
Va una pregunta para la titular de la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, en su calidad no solo de jefa de Guati, sino de Mujer: ¿Va a permitir este tipo de intimidaciones?
Expertos en el tema nos dicen que la suspensión fue un duro golpe a la política que impulsa el grupo de Economía y de Salud. “Pierden una batalla colateral en medio de su cruzada sanitaria”, aseveran.
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Recibimos una llamada de Citlali Rodríguez, regidora del PRI en la Ciudad de Aguascalientes. Quería hacer una delicada denuncia que tiene que ver con la adjudicación, mediante una “licitación a modo”, de un contrato por 906 millones de pesos, otorgado a la empresa MD Iluminación Nacional, para instalar en la capital del Estado 72 mil luminarias.
Según la regidora, el municipio quedó endeudado por nueve años y pagará un “sobreprecio” de 595 millones de pesos, de acuerdo a comparaciones que se hicieron en Mercado Libre.
Citlali jura que el contrato se adjudicó sin haberse hecho público. “Se violó la Ley de Transparencia. Fue un dedazo”, nos dice.
Por si fuera poco, la Ley local establece que debe haber licitación pública para montos superiores a 1.3 millones de pesos. No fue el caso. Solo se invitó a tres empresas.
La regidora anuncia que en los próximos días se hará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción.
FIN
