México.- El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, concedió una suspensión provisional al ex gobernador de Veracruz, Javier duarte de Ochoa, contra cualquier posible nueva orden de captura, comparecencia o localización en su contra por parte de Fiscalía General de la República (FGR).
Para que surta efecto la medida cautelar el juez le impuso el pago de una garantía de 90 mil pesos y pidió a jueces de control de los Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México y Veracruz rindan sus respectivos informes justificados para conocer si la FGR ordenó una nueva orden de aprehensión.
De acuerdo con el la resolución que radica en el expediente 212/2020, el juez fijò el próximo 6 de mayo para que se lleve a cabo la audiencia constitucional donde decidirá si le concede o no la suspensión definitiva contra los actos reclamados al ex gobernador, quien cumple una condena de nueve años por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, que de acuerdo con los beneficios del nuevo sistema de justicia penal podrá continuar en libertad a partir de este o el próximo año.
El 4 de marzo de este año el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa promovió una demanda de amparo ante un juez federal con el propósito de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria; sin embargo, el impartidor de justicia se declaró incompetente para conocer el asunto y lo turnó a un tribunal unitario con el fin de que éste se pronuncie al respecto.
En su momento presentó la demanda de garantías ante el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, en la cual reclama la resolución del 31 de enero de este año, en la que un juez de control ratificó el fallo del 4 de enero sobre la solicitud de sustituir la medida cautelar.
En esa ocasión el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez ratificó que Duarte de Ochoa permanezca preso, ya que no han variado las condiciones económicas y materiales que dieron origen a que se decretara prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que se evadiera si se le concedía la modificación de las medidas cautelares.
La Jornada / César Arellano García
