México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó qué hay “un proceso de investigación contra Luis Miranda”, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y ex secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En una conversación virtual esta mañana con diputados federales del Partido del Trabajo, y a pregunta sobre los casos de corrupción del sexenio pasado, Nieto Castillo dijo que además de las denuncias contra Rosario Robles, el fallecido Gerardo Ruiz Esparza y Emilio Lozoya, se indaga también a quien fue ex secretario de Gobierno del Estado de México, durante el mandato de Peña Nieto en la entidad.
Sin embargo, no ahondó en el caso.
Cuestionado respecto de si se investiga al ex Presidente, el titular de la UIF respondió: “la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es cero tolerancia contra la impunidad. No se persigue a nadie, pero si alguien aparece en la investigación, se actuará conforme a derecho”.
De lo que se trata, expuso, es que no sólo se investigue a quienes fueron funcionarios en el gobierno pasado, sino “hacerlos pagar por las que hicieron”.
Es en ese contexto que se investigan los fideicomisos, que “fueron canales de corrupción, sobre todo en infraestructura”; los contratos con OHL, la construcción del tren Toluca-México, el aeropuerto de Texcoco, que se construyó vía fideicomisos, entre otros casos.
Nieto Castillo propuso a la bancada petista reformas para que la UIF pueda revisar partidos políticos, sujetos obligados su que esa área de la Secretaría de Hacienda se vincule con la Guardia Nacional, para que esta corporación cuente con un área financiera para combatir el lavado de dinero.
También señaló que está pendiente la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para agilizar el congelamiento de cuentas.
Respecto del abogado Juan Collado, refirió que se presentó la denuncia penal en su contra y que si bien sigue el proceso penal, lo relevante “es rescatar el dinero… recuperar los dineros de esos casos de corrupción, el proceso penal seguirá y se podría avanzar más con la extinción de dominio”.
La Jornada / Roberto Garduño y Enrique Méndez
