México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ascendió a Los Pinos con la promesa de pacificar un país que sufre una violencia crónica por el arraigo de las organizaciones criminales. Pese a ello, 2019 cerró como el año con más homicidios de su historia, con el estado de Guerrero como principal “punto caliente” por la feroz competencia entre grupos armados.
“Abrazos, no balazos”. Con este mantra, López Obrador arrasó en las elecciones presidenciales de 2018 –su tercer intento–. Es el pilar de su plan para acabar con el crimen organizado que impregna la geografía mexicana e implica pasar del uso de la fuerza a la rehabilitación social; limpiar de corrupción el aparato político, judicial y de seguridad; y ambiciosos programas de desarrollo para brindar oportunidades a las nuevas generaciones.
De momento, en su camino hacia el “México en paz” que prometió, López Obrador ha comenzado a limpiar la corrupción “de arriba a abajo, como las escaleras”; ha creado un gran cuerpo de seguridad de ámbito federal, la Guardia Nacional; y ha promulgado la ley de amnistía, para no reincidentes condenados, entre otros, por narcotráfico, siempre y cuando no hayan cometido también delitos graves, como asesinato o secuestro.
Sin embargo, “el crimen ha demostrado ser más tenaz de lo que esperaba el nuevo Presidente”, dice International Crisis Group en “La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México”. El año pasado, el país batió récord de homicidios, con 35 mil 588 casos registrados, y Guerrero, pese a un leve descenso, “se ha convertido en uno de los lugares más violentos”.
UN MONSTRUO DE MIL CABEZAS
Guerrero ha sido históricamente una de las regiones más convulsas de México. “La extensa costa del estado y sus escarpadas pero fértiles montañas en el interior, así como sus altas tasas de pobreza, lo hacen ideal para la producción y el tráfico de drogas”, señala el think tank. Así, sirve para el cultivo de mariguana y amapola, posteriormente transformada en heroína, y para el tránsito de la cocaína suramericana hacia Estados Unidos.
No es de extrañar que la Administración de Felipe Calderón (2006-2012) pusiera al estado en el punto de mira de su guerra contra el “narco”, basada en la idea de decapitar a las organizaciones criminales para que se desmoronaran y desaparecieran. A juzgar por las cifras, no resultó exitosa. Entre 2007 y 2018 los homicidios se cuadruplicaron pasando de 8 mil 867 a 36 mil 685 a nivel nacional, mientras que en Guerrero el salto fue de 766 a 2 mil 367.
Crisis Group explica que, aunque “la mayoría de los líderes criminales incluidos en la lista de capos fueron efectivamente arrestados o asesinados”, “el crimen organizado sobrevivió y se volvió incluso más violento” porque la ausencia de jefes hizo que los grandes cárteles se dividieran en infinidad de grupos menores con enormes rivalidades que se enfrentaron por el control del territorio incluso en zonas previamente pacíficas.
En Guerrero, uno de los principales objetivos era el Cártel de Sinaloa, representado por la poderosa facción de los Beltrán Leyva. El 16 de diciembre de 2009, la Armada mexicana mató a Arturo Beltrán Leyva, líder del grupo homónimo, en lo que Calderón celebró como una gran victoria. Lo cierto es que dio lugar a una descomposición que, entre otras células, ha alumbrado a Los Rojos, Los Ardillos y Los Guerreros Unidos, que estarían implicadas en el caso Ayotzinapa.
Sin Embargo
