México.- La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad se reunió con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), a fin de analizar el “acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, el cual, aseguraron, afectará la competitividad y generará aumento de tarifas.
El presidente de esta instancia legislativa, diputado Fernando Galindo Favela (PRI), destacó que “estamos viviendo la peor crisis económica de la historia derivada de la fragilidad que venía teniendo la economía de nuestro país y por el impacto del coronavirus a nivel internacional”.
Precisó que a nivel nacional se han perdido más de un millón de empleos y la producción industrial, en el último dato de abril, cayó casi 30 por ciento; “la única manera de salir, de reactivar la economía es a través de un respeto estricto a la ley y, sobre todo, a los contratos anteriores”.
Resaltó que no hay forma de generar incentivos sin respetar el Estado de derecho y que la única manera de reactivar la economía es fomentando la competencia y fortaleciendo las instituciones estatales, pero con eficiencia.
El presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger González Lau, señaló que este acuerdo del sistema eléctrico nacional tendrá una afectación en el mercado, toda vez que su criterio es que las centrales de menor costo sean las primeras que operen y las de mayor queden al final, lo que dañará la competitividad.
El presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la Concamin, Juan Pablo García, dijo que el documento en análisis originará un impacto en el costo de la energía y en la generación de empleos, pues se afectan proyectos en 20 entidades y soslaya la oportunidad de aprovechar el potencial que se tiene en energía eólica y solar. “Impulsar a la CFE no debe chocar con los proyectos de fuentes renovables”, sugirió.
El presidente Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolex), Héctor Olea, exigió la modificación de esta política porque, de lo contrario, no habrá condiciones de inversión, ni certidumbre. “El gobierno, si bien tiene derecho de modificar la política energética, no tiene derecho que sea de manera retroactiva y sobre todo ir en contra a los lineamientos que marca la Constitución y las leyes que emanan desde el Congreso”, subrayó.
El Arsenal / Con información de la Cámara de Diputados
