Raúl Flores Martínez.
En menos de tres meses, la llamada “Operación Frontera Norte” ha arrojado cifras que, más que orgullo, despiertan sospechas. Del 5 de febrero al 14 de abril, fueron detenidas 2 mil 440 personas y aseguradas más de 26 mil 700 kilos de drogas, incluyendo 163 kilos de fentanilo, uno de los opioides más letales del mercado.
A ello se suma la destrucción, solo el 14 de abril, de 167 plantíos de amapola en 15 hectáreas y 62 plantíos de marihuana en otras cinco.
La pregunta es inevitable: ¿esas operaciones del crimen organizado surgieron de la noche a la mañana? Difícil de creer. Todo apunta a que esos laboratorios, sembradíos y redes delictivas ya operaban desde hace años.
Y sin embargo, apenas ahora —con la nueva cuarta transformación en curso— se descubren y desmantelan con una eficacia casi milagrosa.
¿Dónde estaban las autoridades en el sexenio anterior? ¿Y por qué esta repentina visibilidad de lo que antes parecía invisible?
La narrativa oficial busca celebrar estos operativos como logros de inteligencia y estrategia. Pero el volumen de los hallazgos más bien sugiere que durante años hubo omisión, negligencia o, peor aún, complicidad. Que los plantíos hayan sido erradicados “en un solo día” resulta tan impresionante como inquietante: o se descubrieron por arte de magia, o ya se sabía de su existencia y simplemente se ignoraron.
Este giro repentino también reaviva una teoría que ha circulado con fuerza en sectores críticos y analistas: la de un gobierno anterior que, lejos de combatir al crimen organizado, lo toleraba o incluso lo protegía.
Si la actual administración puede ver lo que antes nadie veía, es justo cuestionar qué intereses, miedos o pactos mantuvieron a tantas autoridades —locales y federales— con los ojos bien cerrados.
