Baja California Sur.- En los últimos años, Baja California Sur ha sido testigo de una creciente preocupación respecto a la influencia de intereses extranjeros en su planificación y desarrollo urbano. Particularmente, se ha señalado a la organización “¿Cómo Vamos La Paz?” y a la Fundación Internacional de la Comunidad (ICF, por sus siglas en inglés) como entidades que, aunque presentan una fachada de protección ambiental y desarrollo sostenible, podrían estar promoviendo agendas alineadas con corporaciones extranjeras, como Walmart.
La delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Baja California Sur, Silvia María del Carmen Salas Cariño, ha sido acusada de presionar a ejidatarios para que respalden el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) promovido por “¿Cómo Vamos La Paz?”. Según denuncias, aquellos que se oponen enfrentan amenazas de que sus tierras serán declaradas Áreas Naturales Protegidas, limitando severamente su uso y aprovechamiento. Miguel Amador Avilés, presidente del Comisariado Ejidal de El Triunfo, ha manifestado que los tres niveles de gobierno están coaccionando a los ejidatarios para que aprueben rápidamente proyectos que favorecen a empresas extranjeras.
Además, se ha identificado un patrón en el que organizaciones no gubernamentales, financiadas por capital extranjero, influyen en decisiones clave para el desarrollo urbano de la región. Estas entidades, bajo el pretexto de la conservación ambiental, podrían estar actuando en beneficio de intereses corporativos foráneos, en detrimento de las comunidades locales. Un ejemplo claro es la oposición al proyecto Distrito Malecón, donde argumentos ambientales fueron utilizados para bloquear su avance, mientras que los verdaderos beneficiarios de estas acciones permanecen en la sombra.
La comunidad de El Sargento también ha expresado su descontento con el PDU, argumentando que este plan favorece desproporcionadamente a extranjeros adinerados, excluyendo a los mexicanos de su propia tierra. Se señala directamente a la empresa Walmart, como una de las principales beneficiarias de estas políticas. Los habitantes locales denuncian que, mientras se les impide desarrollar sus propiedades, se facilita a los extranjeros la construcción y apropiación de terrenos en zonas privilegiadas.
Es imperativo que las autoridades locales y federales revisen minuciosamente las fuentes de financiamiento y las verdaderas intenciones detrás de estas organizaciones. La soberanía y el bienestar de las comunidades sudcalifornianas deben prevalecer sobre cualquier interés extranjero que busque manipular el desarrollo urbano en su favor. La transparencia en la planificación urbana y la participación activa de las comunidades locales son esenciales para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible en Baja California Sur.
Redacción
