Raúl Flores Martínez.
La indignación crece entre miles de familias mexicanas ante la inacción de las autoridades frente a dos crisis que golpean de lleno a la sociedad: la desaparición de personas y la invasión de viviendas.
A pesar de las constantes denuncias, protestas y llamados a la acción, los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– siguen sin ofrecer respuestas efectivas ni soluciones reales.
La desaparición de personas es una tragedia nacional que no cesa. De acuerdo con cifras oficiales, más de 100 mil personas están registradas como desaparecidas en México. A diario, familiares se enfrentan no solo al dolor de no saber dónde están sus seres queridos, sino también a la indiferencia institucional.
Colectivos de búsqueda denuncian la falta de recursos, voluntad política y coordinación entre autoridades.
La Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías estatales permanecen rebasadas, con pocos avances concretos y una burocracia que frena las investigaciones. Mientras tanto, la impunidad y el silencio siguen siendo la constante.
Recientemente, otro problema ha resurgido con fuerza: la invasión y despojo de viviendas, especialmente en el Estado de México, pero también en otras entidades.
Bandas organizadas, en algunos casos con vínculos con autoridades locales o exfuncionarios, se apropian ilegalmente de casas habitadas o deshabitadas, amparándose en vacíos legales, documentos falsos o incluso amenazas.
Las autoridades municipales muchas veces ni siquiera acuden al llamado, y cuando lo hacen, no tienen protocolos para enfrentar estas situaciones. Las policías estatales brillan por su ausencia, y el gobierno federal guarda silencio frente a una problemática que ha ido en aumento.
Lo más grave de ambos fenómenos es la falta de un enfoque integral y coordinado entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. En lugar de brindar protección, muchas veces las instituciones revictimizan, desconfían o minimizan los hechos.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta omisión sistemática no solo perpetúa la impunidad, sino que también deja desprotegida a la población ante redes criminales que operan con total libertad.
Familiares de víctimas de desaparición y personas despojadas de sus hogares exigen acciones concretas: atención inmediata a las denuncias, mecanismos reales de protección, procesos judiciales ágiles y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar justicia.
Mientras tanto, en México miles de personas siguen buscando a sus seres queridos o intentando recuperar su patrimonio, enfrentando no solo a los criminales, sino también a un Estado ausente.
