Raúl Flores Martínez.
El municipio de Chalco, ubicado en la zona oriente del Estado de México, vive una crisis profunda que ya no puede ser ignorada. La combinación de un crecimiento habitacional descontrolado, la desatención gubernamental y la falta de aplicación de la ley ha convertido a este territorio en un caldo de cultivo para la delincuencia, la corrupción y el abandono social.
En la última década, la promesa de viviendas de interés social se transformó en una pesadilla para miles de familias. Chalco alberga actualmente 11 unidades habitacionales que concentran más de 104 mil viviendas; sin embargo, al menos 26 mil de estos inmuebles se encuentran deshabitados, invadidos o en litigio, generando un entorno propicio para la inseguridad y el despojo.
Los fraccionamientos como San Marcos, Los Héroes Chalco, Volcanes o Villas de San Martín, la realidad salta a la vista: casas saqueadas, grafiteadas, convertidas en refugios para bandas criminales o tomadas por invasores sin que ninguna autoridad intervenga.
Los vecinos viven con miedo y resignación. La presencia policial es prácticamente nula, y la ley parece no aplicarse dentro de estas zonas marcadas por la desesperanza.
Organizaciones como el Sindicato Nacional 25 de Marzo, el Sindicato Libertad, la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales y la conocida Banda de la Oyuki han sido señaladas por vecinos como los principales operadores del despojo ilegal de viviendas. Su modus operandi es claro y repetitivo: identifican casas abandonadas, las ocupan ilegalmente y las ofertan como propias, incluso a través de redes sociales.
Estos grupos operan impunemente, valiéndose de documentos falsificados y amenazas para extorsionar tanto a propietarios legítimos como a nuevos ocupantes engañados. La complicidad de autoridades o, al menos, su inacción sistemática, ha permitido que esta situación se normalice y crezca sin freno.
La falta de respuesta de las autoridades municipales y estatales es tan escandalosa como preocupante. Mientras el tejido social se rompe y los ciudadanos viven en constante riesgo, los funcionarios brillan por su ausencia. No hay vigilancia, no hay justicia, no hay un plan de recuperación urbana. Sólo hay abandono.
Lo que ocurre en Chalco es una muestra más del fracaso de políticas públicas mal implementadas, de la corrupción enquistada en los niveles más básicos de gobierno y del desprecio por los derechos de quienes alguna vez creyeron que tendrían un hogar seguro.
Chalco no necesita promesas, necesita acción. Necesita policías que patrullen, leyes que se hagan cumplir, funcionarios que rindan cuentas. Sobre todo, necesita ser escuchado. Porque lo que hoy sucede en sus fraccionamientos puede replicarse en otros municipios si no se pone un alto inmediato a este modelo de desarrollo fallido y esta desvergonzada omisión institucional.
