Raúl Flores Martínez.
La detención de la señora Carlota Alfaro ha desatado un intenso debate en redes sociales y en la opinión pública. La mujer fue arrestada tras haberle quitado la vida a dos personas que, según versiones, habrían invadido su hogar con la intención de despojarla.
El caso ha puesto en el centro de la discusión la problemática del despojo de viviendas y la ineficacia de las autoridades para atender este delito, especialmente en el Estado de México.
En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, hay quienes defienden a la señora Alfaro, argumentando que actuó en defensa de su patrimonio y su vida ante la indiferencia gubernamental. Incluso, el caso ha dado pie a la aparición de memes y hasta un corrido en su honor.
Para muchos, su situación es el reflejo de la desesperación de ciudadanos que se ven obligados a hacer justicia por su propia mano ante la ineficiencia del sistema judicial.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, desde 2020 hasta la fecha, la Fiscalía del Estado de México ha registrado 24,915 denuncias por despojo. Esto significa que miles de personas han sido víctimas de invasiones a sus hogares y que, a pesar de haber recurrido a las instancias legales, continúan sin una solución.
Esta cifra solo evidencia la magnitud del problema y la necesidad urgente de que las autoridades implementen medidas efectivas para prevenir y castigar estos actos.
La detención de Carlota Alfaro abre un debate crucial sobre hasta dónde llega el derecho de una persona a defenderse y cuáles son los límites que el Estado impone a la legítima defensa.
Mientras algunos exigen justicia para los invasores fallecidos, otros cuestionan el actuar de un gobierno que ha dejado en la indefensión a miles de ciudadanos. La discusión sigue abierta y, sin duda, este caso marcará un precedente en el tratamiento de los delitos de despojo en el país.
