México.- La diputada Xitlalic Ceja García (PRI) informó que presentó un punto de acuerdo para fortalecer al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y garantizar una coordinación real para proteger a la niñez y adolescencia de la trata de personas y el reclutamiento forzado.
“En este país no podemos seguir tolerando un Estado que cierre los ojos, mientras que niñas, niños y adolescentes son desaparecidos por el crimen”, sostuvo en rueda de prensa, junto con diputadas y activistas.
Precisó que diversos informes estiman que entre 35 mil a 45 mil menores de edad ya han sido reclutados o utilizados por grupos del crimen organizado, en las últimas dos décadas. Hoy 250 mil menores se encuentran actualmente en riesgo de ser cooptados.
Ceja García señaló que la edad promedio de reclutamiento ha disminuido alarmantemente, hoy los cárteles buscan a menores de entre 6 y 12 años. Y entre 2018 y 2024, 2 mil 424 menores fueron detenidos por portar armas de fuego, “eso no es casualidad, es una consecuencia directa de un profundo abandono”, sostuvo.
Explicó que el punto de acuerdo que presentó es para “exhortar al Ejecutivo Federal, a través del SIPINNA a hacer de conocimiento público su estrategia nacional para la prevención y atención de los delitos que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo desapariciones, homicidios, feminicidios, trata de personas, reclutamiento forzado por grupos delictivos, así como violencia sexual y física.
“De igual manera, solicita a la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna)”.
Finalmente, exhorta al SIPINNA nacional, a los estatales y municipales, así como a Segob, a la SSPC, a la FGR, al DIF, a la SEP, a la Secretaría de Salud, a las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, a las y los gobernadores de los estados, así como a las y los titulares de los ayuntamientos y alcaldías, para que, de manera coordinada y con perspectiva de derechos de la niñez, implementen políticas públicas y acciones concretas de prevención, protección y atención integral de los delitos que afectan menores.
La presidenta de la Fundación Camino a Casa, Julieta Fernández, indicó que en México hay solamente 12 refugios especializados contra la trata de personas para niños, niñas y adolescentes y “muy poquitas acciones en la materia”.
Destacó la necesidad de contar con una política pública integral, medible y vinculante, articulada a través del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna), cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación sigue pendiente, a pesar de ser un instrumento derivado del Plan Nacional de Desarrollo.
La presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, Guadalupe Carrasco, puntualizó que en el país diariamente desaparecen alrededor de 30 personas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas.
En 2023 se reportaron 12 mil casos de trata de personas en México, según la Organización Internacional para las Migraciones; y 72 por ciento de las víctimas de trata de personas en México son mujeres y son niñas, de acuerdo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Reveló que los estados con más casos reportados en trata de personas en México. Quintana Roo, Ciudad de México, Chihuahua y Estado de México. Estos datos son alarmantes
La sobreviviente y activista, Mixi Cruz, relató que a los 13 años, tras la muerte de su madre, fue explotada laboralmente y sexualmente, durante tres años, hasta que logró escapar; por tal motivo, urgió a las autoridades a implementar acciones concretas para combatir este delito tan atroz.
“Tenemos que fortalecer las leyes para garantizar que los tratantes reciban castigos que se merecen y que las víctimas tengan acceso inmediato a la protección y justicia. Debemos incrementar el presupuesto a los albergues, a los programas de rehabilitación y al acompañamiento integral de las sobrevivientes. Debemos también capacitar a los funcionarios, en todos los niveles, para que puedan identificar a las víctimas para que puedan ser rescatadas. Así como impulsar campañas nacionales de prevención que informen a la población sobre los riesgos y las formas en las que operan los tratantes”, abundó.
Con información de la Cámara de Diputados
