Leyes para la opacidad

Héctor Saúl Téllez*.

El régimen y los legisladores oficialistas de la autoproclamada cuarta transformación lo hicieron una vez más. Ahora las fuerzas armadas, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no están obligas a transparentar el gasto de obras que se les asignen y sean consideradas como ‘prioritarias’ o ‘estratégicas’.

Las iniciativas de reformas a las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados; y la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, permitirán al gobierno ocultar los conflictos de interés y actos de corrupción.

El sexenio anterior, el toque de Andrés Manuel López Obrador era cínico ante el claro beneficio con dinero público de sus hijos y sus amigos en las inútiles obras faraónicas. Ahora, el toque de Claudia Sheinbaum es discrecional y por ello prefiere de una vez mandarlo todo a lo oscurito.

Después de desaparecer el organismo para exigir al Estado que rindiera cuentas, hoy, el manto purificador del régimen permite a los poderosos no rendir cuentas del dinero público siempre y cuando las obras se cataloguen como “prioritarias” o “estratégicas”

¿Qué tienen que esconder?, ¿Será que el anuncio de la presidenta Sheinbaum de construir junto a SEDENA siete nuevos hospitales en realidad tengan ya empresarios asignados y beneficiados?

No dejaremos de señalar que la opacidad es corrupción. Hoy se comprueba que el segundo piso de la corrupción se caracteriza de opacidad, impunidad y amiguismo.

Con estas reformas, se fomenta la contratación consolidada, el diálogo competitivo o estratégico, que más bien parece diálogo en lo oscurito, los convenios entre los entes públicos, los ajustes a los costos indirectos y también reducen la participación de los testigos sociales en las licitaciones públicas más importantes.

Todas estas figuras que les he mencionado no hacen más que fortalecer en la discrecionalidad en favoritismo, el amiguismo y el clientelismo acostumbrado en este régimen a utilizar con el tráfico de influencias en los contratos públicos gubernamentales.

Las reformas constitucionales a estas leyes, en el fondo, lo que pretenden es legalizar el camino de la 4T para el tráfico de influencias. México retrocede así en materia de transparencia y rendición de cuentas del dinero público.

 

*Diputado Federal (PAN), LXVI Legislatura

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