México.- Una solicitud de reapertura de la investigación contra Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, ha sido presentada a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la concesión de prisiones federales durante la administración de Genaro García Luna.
La denuncia surge después de que un tribunal federal cerró el caso por la prescripción de los delitos, sin embargo, los demandantes argumentan que el proceso contra el exsecretario de Seguridad sigue abierto, lo que permite que se indague sobre otros posibles delitos vinculados a Montaño Fernández.
Los denunciantes señalan que Montaño Fernández habría desempeñado un papel crucial en la firma de los contratos que resultaron en un sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en la construcción y operación de ocho prisiones de alta seguridad. Estos contratos, otorgados en 2010 y 2011, implicaron a varias empresas privadas, entre ellas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco, quienes recibieron más de 270 mil millones de pesos para instalar una infraestructura carcelaria con capacidad para 20 mil reclusos.
La denuncia apunta a que Montaño Fernández, junto con otros ex funcionarios de la administración de García Luna, pudo haber actuado para favorecer a estas empresas privadas en el proceso de adjudicación, generando un daño millonario al erario público. A pesar de que algunos de los implicados fueron exonerados por la prescripción de los delitos, los denunciantes insisten en que existen suficientes elementos para presumir la existencia de delitos aún vigentes que permitan que la FGR retome la investigación.
El caso involucra a otros funcionarios como Arturo Sosa Viderique, ex director de Administración, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de Adquisiciones, quienes firmaron los contratos originales en 2010 y 2011. Otros ex funcionarios, que suscribieron convenios modificatorios en los sexenios de Peña Nieto y López Obrador, también están bajo sospecha, incluyendo a los ex directores generales Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, y varios coordinadores de centros federales.
La FGR aún no ha emitido una postura oficial respecto a la solicitud de reactivación del caso, y los denunciantes continúan presionando para que se continúe con el proceso judicial.
Redacción
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