México.- Armando Hernández Cruz, quien actualmente se desempeña como coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se registró como aspirante a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque enfrenta antecedentes de señalamientos por tráfico de influencias desde 2016.
Hernández Cruz colabora en la CNDH desde noviembre de 2024, además de impartir clases a nivel posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su nombre aparece nuevamente en la escena pública por su interés en formar parte del máximo órgano del tribunal electoral, a pesar de que su trayectoria ha sido cuestionada en el pasado por presuntas irregularidades.
Fue en 2016 cuando Ana Juana Ángeles Valencia, diputada de Morena en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, denunció que Armando Hernández, en su calidad de Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), habría incurrido en tráfico de influencias para beneficiar económicamente a su hermano, Omar Hernández Cruz, quien entonces era asesor “A” en la Contraloría del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Según la legisladora, Omar Hernández representó legalmente un caso derivado de la elección del 7 de junio de 2015, sin embargo, su papel como asesor en el IEDF le impedía litigar. Además, señaló que la denuncia contra Armando Hernández derivó de una denuncia de acoso sexual contra su hermano Omar, presentada el 9 de mayo de 2016 por Eunice Sierra Ocampo, ex candidata del Partido Humanista.
De acuerdo con Sierra Ocampo, el magistrado Hernández, quien había sido su asesor de tesis en la maestría, le recomendó contratar a su hermano Omar como abogado para impugnar los resultados de la elección. Ella accedió sin saber que Omar estaba impedido legalmente para ejercer como litigante debido a su cargo en el IEDF.
Ante estos hechos, Ángeles Valencia exigió investigar si el magistrado Armando Hernández tenía alguna relación laboral con el despacho al que pertenecía su hermano y si existían otros casos electorales litigados bajo este esquema. Asimismo, cuestionó por qué el magistrado recomendó a su hermano para representar a la ex candidata sabiendo que estaba impedido para litigar.
La diputada enfatizó que había elementos suficientes para considerar que se configuraba el delito de tráfico de influencias, según lo establecido en el artículo 271 del Código Penal del Distrito Federal.
Cabe destacar que, en 2017, en el proceso de selección de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la organización INCIDE social presentó un escrito donde externó su preocupación por el hecho de que, a su decir, Armando Hernández Cruz presentó cierta reticencia para que se difundiera su trayectoria curricular además de sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
Por otra parte, INCIDE social refiere que, en junio de 2016, cuando era presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional respecto a la obligatoriedad de publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
Redacción
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