Irene Muñoz.
Desde su entrada en vigor el 25 de septiembre de 2024, el reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México marca un antes y un después en la forma en que se concibe, regula y habita la ciudad en el contexto de la economía digital. Esta legislación, impulsada por el sector hotelero, el Congreso capitalino, el Gobierno local, no busca prohibir, como en muchos espacios se ha dicho, sino ordenar una actividad que hasta ahora operaba en la ambigüedad legal y el vacío institucional: el alquiler turístico a través de plataformas digitales.
Lejos de ser una cruzada contra la innovación, esta ley responde a una urgencia real de seguridad, legalidad y equidad. En los últimos años, miles de turistas han sufrido cancelaciones a última hora, estancias en inmuebles inseguros o sin medidas mínimas de protección civil, e incluso experiencias de riesgo por ubicaciones engañosas o anfitriones sin registro. Todo esto, sin ninguna consecuencia legal para las plataformas o los responsables. Del otro lado, vecinos se enfrentan la llegada constante de desconocidos, fiestas clandestinas, ruido excesivo y la sensación de vivir en edificios que se convirtieron en hoteles improvisados, sin ninguna garantía de seguridad o convivencia.
La informalidad no puede seguir siendo la norma. Durante años, se sostuvo que las plataformas digitales ofrecían una valiosa fuente de ingresos adicionales para muchas familias, y en buena medida así fue. Sin embargo, en un entorno sin reglas claras ni mecanismos de control, esa oportunidad se convirtió en un terreno fértil para la informalidad. Miles de propiedades comenzaron a operar sin seguros, sin condiciones mínimas de seguridad e higiene, sin verificación de identidad ni protocolos de emergencia. El crecimiento desregulado de esta oferta turística trajo consigo consecuencias tangibles: gentrificación, incremento en los precios de renta, desplazamiento de residentes, competencia desleal para los hoteles que sí cumplen con la ley, y la transformación de hogares en negocios turísticos sin rostro ni responsabilidad.
Con la Ley de Turismo de la CDMX actual, se atienden estos puntos de forma asertiva. Establece, por ejemplo, un límite de tres inmuebles por anfitrión, quienes tengan cuatro o más deberán regirse bajo la Ley de Establecimientos Mercantiles, con todas las obligaciones que eso conlleva. También obliga a los anfitriones y plataformas a registrarse en padrones oficiales, garantizar condiciones mínimas de seguridad y protección civil, ofrecer información clara y verificable a los huéspedes, mantener seguros de responsabilidad civil activos y cumplir con sus obligaciones fiscales, así como impone responsabilidad solidaria a las plataformas y las obliga a dejar de ser simples intermediarias como en antaño.
Pero eso no es una ocurrencia de la CDMX, es una tendencia global y París, Nueva York, Barcelona, Lisboa y Ámsterdam por ejemplo, ya enfrentaron este mismo desafío y tomaron la misma decisión: regular. En todos los casos, la regulación no eliminó la actividad, pero sí la profesionalizó, la ordenó y la vinculó con el desarrollo urbano sostenible.
Seguridad, legalidad y convivencia, es el nuevo estándar. La Ley de Turismo de la CDMX parte del principio de que los derechos no pueden oponerse, los anfitriones tienen derecho a generar ingresos, los turistas tienen derecho a hospedarse seguros y los vecinos tienen derecho a vivir en comunidades estables, tranquilas y predecibles.
Por eso, la ley obliga a los anfitriones a informar semestralmente a la Secretaría de Turismo sobre la ocupación de los inmuebles, a incluir el número de registro en todos sus anuncios, informar a los vecinos sobre el uso turístico, y a denunciar ante la autoridad cualquier acto delictivo ocurrido en el inmueble.
Además, se atiende una deuda con los propios anfitriones, más de 20 mil cuartos en la capital desean regularizarse y no han podido por trámites complejos y burócratas y falta de permisos de uso de suelo, entre otros. Esta ley abre una puerta clara hacia la formalización, reconociendo la actividad pero obligándola a seguir reglas justas.
La CDMX está a menos de dos años de ser una de las ciudades sede del Mundial de Fútbol FIFA 2026 y debemos tener claro que el tipo de ciudad que queremos presentar al mundo debe ser una en la que sus visitantes puedan reservar con confianza, estar en inmuebles seguros, contar con anfitriones registrados y plataformas responsables y esto es posible a partir del marco legal que esta ley establece.
Porque si algo nos distingue como ciudad, es nuestra capacidad para ser anfitriones responsables y orgullosos de nuestra hospitalidad y servicios.
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