México.- La presencia de gestores que ofrecen realizar trámites fuera del marco legal a cambio de pagos en efectivo, así como la desorganización que provoca demoras y largas filas, son algunas de las irregularidades denunciadas por habitantes de Morelos en la Dirección de Movilidad y Transporte estatal, según lo reportaron múltiples medios de comunicación.
Los reportes periodísticos dejaron al descubierto que las prácticas ilegales persisten, pese a que Margarita González Saravia inició su gestión como gobernadora en octubre de 2024 con el objetivo de erradicar la corrupción y hacer más eficientes los trámites vehiculares.
Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fue reorganizar la Secretaría de Movilidad y Transporte, que pasó a formar parte de la Secretaría de Gobierno, bajo la dirección de Josué Fernández Fernández. En noviembre de 2024, este reconoció públicamente la existencia de cobros indebidos y tráfico de influencias, sin embargo, debido a la continuidad de las quejas de usuarios y transportistas, fue destituido en febrero de 2025.
Sin ofrecer detalles sobre los hechos, el secretario general de Gobierno, Juan Salgado Brito, confirmó la salida del funcionario por “evidencias contundentes” de actos ilícitos. La gobernadora designó en su lugar a Jorge Alberto Barrera Toledo, exdiputado federal por Morena, con la tarea de asegurar un sistema de movilidad transparente y eficiente y de recuperar la confianza de la población. No obstante, las irregularidades han sido documentadas por medios.
Con cobros que van desde los 800 hasta los 2,500 pesos por trámite, una red de gestores funciona en módulos de atención, según revelaron medios de comunicación. Esta estructura estaría liderada por Martín Dámaso, alias “El Negro”, quien desempeñó cargos clave como exjefe de revista mecánica, entre 2006 y 2012, y director del servicio público, privado y particular, entre 2018 y 2024, y contaría con el respaldo de funcionarios. El grupo habría operado un sistema para trámites como emplacamientos y cambios de propietario en vehículos de lujo, al obtener hasta 1,250 pesos por cada cien mil del valor comercial. Entre los implicados figuran Héctor Pablo Ojeda Cárdenas, exsecretario de Gobierno; además de Federico Gómez, Fabián Figueroa, Francisco Arce Catalán, Primo Galindo Bolaños, Carlos Estrada (“El Charly”), Diego Olea y Patricia Yáñez.
La operatividad del sistema entró en crisis, según ciudadanos que, además de denunciar corrupción, reportan fallas graves en la atención. Las personas deben acudir desde antes del amanecer, entre las 4 y 5 de la mañana, para buscar un lugar, sin que ello garantice que serán atendidas. La situación generó inconformidad y manifestaciones.
Medios locales y nacionales recogen declaraciones de usuarios que, tras invertir varias horas en fila, reciben únicamente un permiso temporal en lugar de las placas definitivas. La escasez de placas metálicas forzó a las autoridades a recurrir a estos documentos sin ofrecer una fecha concreta de solución, lo que causó mayor frustración.
En el contexto de diversos cuestionamientos hacia la administración estatal, este caso recibió amplia cobertura en medios locales y nacionales. La gestión enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades cometidas durante el gobierno del exgobernador Cuauhtémoc Blanco.
La permanencia de prácticas irregulares en la Dirección de Movilidad y Transporte generó dudas sobre la eficacia de las acciones emprendidas por el gobierno de González Saravia, a pesar de que la mandataria reiteró su compromiso con la transparencia. La exigencia social por soluciones concretas crece.
Redacción
Número de vistas 29
