México.- El Grupo Parlamentario del PRI informó que no acompañará los dictámenes de las leyes secundarias en materia de seguridad, ya que son superficiales, militarizan al país y ponen en riesgo la privacidad de los ciudadanos.
En conferencia de prensa, el diputado Emilio Lara Calderón expuso 10 puntos que impiden a su bancada avalar este marco jurídico. El primero es que, ante la crisis de inseguridad que vive el país, el tema se aborda “a la ligera”; además, los dictámenes incumplieron con los plazos que fija el reglamento de la Cámara de Diputados para enterar a las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana sobre los asuntos a discutir.
En segundo lugar, abundó, pese a que el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo, solicitó en reiteradas ocasiones que funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieran a exponer los alcances y objetivos de las leyes, “eso no ocurrió”.
Como tercer punto, en lo relacionado con el contenido de estos dictámenes, estas propuestas son “una falacia. En la exposición de motivos señala que están fundamentados en la Estrategia Nacional de Seguridad que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual no existe en la gaceta del Senado (de la República), o en algún órgano legislativo que haya recibido dicha estrategia”.
En cuarto lugar, subrayó, estas leyes lo único que fortalecen es la militarización de la Guardia Nacional y le da más fuerza a la Secretaría de la Defensa Nacional, “hace a un lado a las policías civiles. Quinto, hay riesgo de que la Secretaría de Seguridad acceda a datos biométricos de telefonía sin un control judicial.
“El sexto punto es que se pretende crear un padrón digital de usuarios de telefonía móvil que ya fue declarado inconstitucional en el 2022 (…) El séptimo punto, se plantea una falsa coordinación”, detalló.
En octavo lugar, se elimina el Registro Nacional de Tortura; en noveno, se faculta a instituciones policiales para realizar tareas de investigación preventiva, pero no se deja claro qué es este tipo de investigación.
“Y el décimo punto, es que se incorpora como sujeto obligado para dar información al Sistema de Seguridad, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo anterior puede abrir la puerta al acceso de información protegida por el sector bancario”, explicó Lara Calderón.
Por su parte, el coordinador Rubén Moreira informó que hoy se presentará la iniciativa, que previamente había anunciado, para reformar la Constitución Política en materia del derecho humano a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, ya que, abundó, las medidas del Ejecutivo Federal son insuficientes.
Detalló que su propuesta modifica los artículos primero y 102 de la Carta Magna. En el primer precepto se busca incorporar la prohibición de la desaparición de personas y que “ninguna persona será sometida a desaparición, sea esta cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas”.
En el caso de las adiciones al artículo 102, se busca establecer la búsqueda de personas desaparecidas como una tarea esencial e indelegable de las autoridades en México, que incluye la localización, identificación y reintegración de estas personas a sus familias.
Del mismo modo, pretende que la Comisión Nacional de Búsqueda coordine estas acciones junto a otras instituciones, siguiendo principios de efectividad, igualdad y respeto a los derechos humanos, y se regirá por tratados internacionales pertinentes. Además, contará con un Centro de Identificación Humana y un Banco Nacional de Datos Forenses para facilitar la identificación de personas, abundó.
“Por otro lado, también nosotros estamos proponiendo garantizar y salvaguardar la personalidad jurídica de las personas desaparecidas. Cuando alguien desaparece, nadie defiende sus derechos patrimoniales ni económicos. Nosotros queremos que sean salvaguardados”, puntualizó Moreira Valdez.
Al ser cuestionado sobre su postura respecto del dictamen de la Sección Instructora sobre la solicitud de procedencia del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena), el diputado señaló que el documento no fue difundido oportunamente; además, hay una confusión porque se dice que se votará el desafuero, lo que no es así, la votación sólo es para definir la procedencia o no de la solicitud presentada por la fiscalía de Morelos.
“A nosotros no nos gustan los linchamientos que empiezan por esto de decir que hoy se va a decir una cosa que no se va a decir. Se está engañando a la población para empezar. Segundo, no nos gusta que las cosas no se hagan dentro del derecho y que por quedar bien con unos o con otros se resuelva de inmediato”, remarcó.
Reiteró que, desde un principio, el PRI se opuso a cómo funciona la Comisión Jurisdiccional y la Sección Instructora, “porque todo se entera uno por trascendidos, por filtraciones.
“Este dictamen que se va a votar hoy apareció exactamente a las 9:15 (horas) en la Gaceta, pero ayer andaba circulando. Eso no es serio, están buscando otros intereses, que se polarice, se conflictúe. Y adelantamos, siempre estamos con las víctimas para empezar, pero también con la justicia; y nos preocupa muchísimo que el gobierno del estado de Morelos también actúe con tanta ligereza”.
Por otro lado, al ser consultada sobre las amenazas a candidatos en Veracruz, la diputada Lorena Piñón Rivera dijo que varios candidatos y candidatas de diversos partidos han sido amenazados, por lo que se hace necesario un protocolo estatal de protección para los contendientes.
“De verdad están muy vulnerables todos nuestros futuros candidatos y reportan amenazas directas, desde intimidaciones que afectan su patrimonio, hasta contra la vida e integridad de ellos y sus familias, lo que demuestra que el peligro trasciende las líneas partidistas (…) el PRI es el único partido que ha exigido que se les apoye y que se active el protocolo de seguridad.
“No basta con los buenos deseos que ya nos envió el OPLE, solicitamos al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y a las autoridades estatales y municipales establecer ya de manera urgente un protocolo estatal de protección para candidatos y candidatas municipales en riesgo, con criterios objetivos de evaluación y un sistema de alerta temprana”, concluyó.
Con información de la Cámara de Diputados
