México.- En medio del discurso oficial que promueve una ruptura con el pasado, una firma fundada por un exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto ha logrado consolidarse como un actor clave en el entramado financiero del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. Se trata de Altor, una consultora creada en 2017 por Fernando Aportela Rodríguez, ex subsecretario de Hacienda, que hoy acumula contratos millonarios con distintas instancias públicas.
Una investigación publicada por el medio EL CEO reveló que Altor ha sido contratada más de 30 veces durante el actual sexenio. Entre los proyectos en los que ha participado destacan obras insignia del presidente López Obrador, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, ambos gestionados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Tan solo en estas asesorías, la empresa ha facturado más de 40 millones de pesos.
La trayectoria de Altor no ha estado exenta de controversias. En 2019, la firma estaba inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública y sancionada por la Comisión Federal de Competencia Económica. Aun así, continuó siendo beneficiada con contratos públicos. Incluso la Auditoría Superior de la Federación señaló que la empresa aparecía en listas del SAT como contribuyente incumplido.
Lejos de detenerse, la consultora amplió su influencia al mercado bursátil. En 2024, logró registrar formalmente su casa de bolsa —la única autorizada en este sexenio— con el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), consiguió 2,500 millones de pesos para fondear proyectos de infraestructura pública.
Entre los rostros clave detrás de Altor destacan otros nombres ligados al peñismo. Marcela Andrade Martínez, quien encabezó la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, y Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño cercano a figuras del obradorismo, forman parte del equipo directivo.
La firma también ha tenido un papel protagónico en la reestructuración de deuda estatal. Ha trabajado en Jalisco, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Sonora, Durango, Estado de México y Nuevo León, cobrando en total más de 134 millones de pesos. El caso de Jalisco es el más representativo, con un contrato de casi 79 millones por asesoría financiera.
Pero su expansión no se limita a lo público. En 2023, Altor compró los derechos litigiosos del Ingenio Puga y la empresa Copaco, en Nayarit. Lo hizo en pleno proceso concursal y a través de sus fondos de inversión Altor Capital I y II. Adquirió deudas por cinco millones de dólares, convirtiéndose en acreedor mayoritario. Sin embargo, otros acreedores como Sucroliq la acusan de maniobrar para apropiarse de los activos.
El futuro de estas operaciones está en manos de un juez, quien deberá decidir si aprueba un convenio que, de avanzar, dejaría a Altor con el control sobre las empresas en cuestión.
Redacción
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