Raúl Flores Martínez.
No es sorpresa ni novedad que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, haya acusado a la Fiscalía de Jalisco de no realizar las investigaciones correspondientes en torno al caso del Rancho Izaguirre.
La declaración, lejos de ser un hecho aislado o excepcional, es la confirmación de un patrón sistemático de negligencia, corrupción e impunidad que caracteriza a las fiscalías estatales en todo el país.
El caso de Jalisco es solo un reflejo de una práctica institucionalizada en diversas entidades, donde las fiscalías locales han abandonado su responsabilidad de garantizar justicia para convertirse en órganos de extorsión y simulación. Un ejemplo claro de esto es la Fiscalía del Estado de México, conocida por la fabricación de delitos y delincuentes, el uso de la intimidación y el robo como métodos de operación, y la protección de intereses particulares por encima de la ley.
Uno de los mecanismos más oscuros que sostienen esta red de impunidad es el uso de los llamados “izquierdos”, individuos que no tienen un nombramiento oficial como policías ministeriales, pero que ejecutan las tareas más sucias y turbias de la fiscalía.
Estos personajes actúan como operadores de campo para sembrar pruebas, intimidar testigos, extorsionar a ciudadanos y garantizar que las investigaciones sigan la narrativa que conviene a los intereses políticos o criminales detrás de las fiscalías.
Las declaraciones de Gertz Manero sobre la Fiscalía de Jalisco no son más que una muestra de cinismo institucional. El propio sistema de procuración de justicia a nivel federal no está exento de las mismas prácticas corruptas que critica. El problema radica en la estructura misma de las fiscalías estatales y en la ausencia de un verdadero sistema de rendición de cuentas.
Mientras las fiscalías estatales sigan operando como brazos armados de los intereses políticos y económicos locales, y no como organismos autónomos dedicados a impartir justicia, los casos como el de Rancho Izaguirre seguirán siendo la regla, no la excepción.
La falta de voluntad política para limpiar estas instituciones, así como la complicidad de las autoridades federales y estatales, sólo perpetúa la corrupción y la impunidad que definen al sistema de justicia en México.
La crítica de Gertz Manero a la Fiscalía de Jalisco es, por tanto, una postura conveniente pero hipócrita. El problema de fondo no es sólo Jalisco, sino un sistema de justicia que ha normalizado la corrupción y el abuso de poder como parte de su funcionamiento cotidiano.
La pregunta es: ¿cuándo comenzará una verdadera reforma que limpie estas instituciones desde la raíz?
