Raúl Flores Martínez.
En México, el número de personas desaparecidas sigue creciendo a niveles alarmantes, mientras las autoridades permanecen de brazos cruzados, ofreciendo excusas en lugar de resultados.
La falta de apoyo hacia los familiares de las víctimas no solo es una muestra de ineficiencia, sino también de una ausencia total de empatía y humanidad.
A diario, cientos de familias recorren fiscalías y ministerios públicos buscando respuestas que nunca llegan. El discurso oficial se llena de palabras huecas sobre humanismo y empatía, pero en la práctica, las víctimas y sus familias son tratadas con desprecio, indiferencia y burocracia interminable.
Es común escuchar cómo los agentes de investigación y los ministerios públicos justifican su inacción argumentando falta de recursos, tecnología obsoleta o sobrecarga de trabajo. Pero detrás de esas excusas, lo que realmente hay es una estructura de impunidad y negligencia institucionalizada.
Como periodista, recorro el país buscando historias de desaparecidos con la esperanza de ayudar a visibilizar estos casos y presionar a las autoridades para que actúen. Y el patrón es el mismo: familias desesperadas que encuentran puertas cerradas y oídos sordos en las instituciones encargadas de hacer justicia.
Los agentes de investigación, cuando no muestran abierta indiferencia, responden con desdén o evasivas. “No hay suficientes elementos”, “estamos esperando recursos”, “necesitamos autorización de arriba”, son las frases que se repiten una y otra vez, mientras las familias ven cómo el tiempo corre y las esperanzas de encontrar con vida a sus seres queridos se desvanecen.
¿Cuántos desaparecidos más debe haber para que las autoridades tomen en serio su responsabilidad? ¿Cuántas marchas, protestas y plantones serán necesarias para que los ministerios públicos y las policías de investigación entiendan que su trabajo no es solo un trámite burocrático, sino una responsabilidad moral y social?
El Estado mexicano ha fallado en su deber más básico: proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Y mientras las desapariciones siguen acumulándose en las cifras oficiales, las familias quedan atrapadas en un ciclo interminable de dolor e impotencia.
Es urgente que se endurezcan las sanciones contra todos aquellos funcionarios que no cumplan con su deber. Los ministerios públicos y policías de investigación que actúan con negligencia o indiferencia deben enfrentar consecuencias reales, desde la destitución hasta sanciones penales.
No basta con discursos vacíos sobre humanismo mientras las familias siguen cargando solas con la tragedia de la desaparición. Las autoridades deben entender que detrás de cada cifra hay una vida, una historia, una familia rota que merece justicia y verdad.
La verdadera muestra de humanismo no está en las palabras, sino en las acciones. Y hasta ahora, las autoridades mexicanas están reprobando ese examen.
